Esteban Maturana, Presidente de la Confusam.
Yensi Martín, El Mercurio.
SANTIAGO.- La Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam) advirtió sobre un posible llamado a paro nacional, en el caso de que el Ministerio de Salud no responda las demandas de tipo económico que se han realizado.
Así lo dio a conocer el presidente de la gremial, Esteban Maturana, quien indicó que la organización se encuentra "en estado de alerta nacional" desde el 25 de enero "ante la amenaza inminente de no cancelación de sueldos a las y los más de 60.000 funcionarias y funcionarios de la Atención Primaria Municipal".
De acuerdo con Maturana, ello se sustenta en "la falta de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República del decreto que fija las remesas que cada mes se deben entregar a las municipalidades que tienen a su cargo establecimientos de atención de salud. En tanto el organismo contralor no tome razón del decreto en cuestión, los servicios de salud están impedidos de realizar las transferencias de recursos a los municipios de su territorio".
Según el dirigente, el viernes pasado la Contraloría tomó razón del citado decreto que faculta al Ministerio de Salud para realizar las transferencias a las municipalidades.
"Si bien ello es cierto, no será sino a partir del próximo lunes 29 que será posible que los servicios de salud realicen transferencias a los municipios, situación que deja un margen de tiempo estrecho para realizar las gestiones que permitan que cada trabajadora y trabajador de salud municipal reciba su sueldo en tiempo y forma, siendo del todo razonable esperar que más de algún servicio de salud no realice las transferencias con la rapidez que se exige".
De ahí es que surge el llamado a paro de la Confusam, acción que se concretaría el próximo 31 de enero, "si las transferencias que debe realizar el Ministerio de Salud a las municipalidades no están realizadas este lunes 29", indicó Maturana.
Ley de Incentivo al Retiro
Desde la organización también manifestaron su preocupación en torno a lo que definen como "la no entrega de las indemnizaciones establecidas en la Ley de Incentivo al Retiro para trabajadores que estando en edad de jubilar".
Maturana sostiene que por razones administrativas, "cientos de funcionarias y funcionarios que ya fueron seleccionados para recibir la indemnización establecida en la ley en cuestión a la fecha, agotados ya los plazos fijados en la propia ley, siguen sin recibirlo".
El dirigente acusó que se trata de una situación de máxima gravedad, sobre todo respecto a aquellos jubilados que se encuentran en malas condiciones de salud. Además, señaló que existen "antecedentes de un funcionario que habiéndose acogido al beneficio y siendo aceptada su postulación, falleció sin poder recibirlo".
