SANTIAGO.- La tramitación en el Congreso del proyecto de ley que regula a las plataformas tecnológicas de transporte de pasajeros no ha evitado que los conductores de Uber y Cabify sean fiscalizados en las calles.
De hecho, a pesar de que los parlamentarios están ad portas de aprobar la iniciativa que legalizaría el funcionamiento de estas aplicaciones, el Ministerio de Transportes triplicó en 2017 las multas cursadas a quienes utilizan estas plataformas, que ya cuentan con más de 90 mil conductores en el país.
Así, el balance del Departamento de Fiscalización de la cartera, publicado por La Tercera, informó que el año pasado se emitieron 3.639 sanciones a vehículos vinculados a Uber y Cabify, mientras que en 2016 la cifra sólo alcanzaba las 1.359 multas.
En general, el año pasado se efectuaron 27.447 controles, de los cuales 8.360 resultaron en sanciones a conductores por transporte ilegal, un 21,6% más que en el año anterior.
La cantidad de infracciones aumenta a 5.086 para el caso de los taxistas, que tienen un parque de 44.011 vehículos a lo largo del país. Entre las razones de las sanciones se encuentran la falta de permisos, no tener las revisiones técnicas al día y el mal uso del taxímetro o sistema de cobro (cuyas infracciones aumentaron de 48 en 2016 a 204 el año pasado).
El monto de las multas bordea entre las 3 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) y las 15, correspondientes a $705 mil. Si el conductor reincide en esta conducta, la infracción puede llegar a ascender a $940 mil.
Además de las sanciones monetarias, 4.800 de los vehículos fiscalizados fueron retirados, sin embargo, el número es menor dado que los aparcaderos municipales se encuentran copados.
Respecto a estos controles, Uber rechazó que sus conductores tengan el mismo trato que otros tipos de vehículos profesionales, ya que aún no se termina de tramitar el proyecto de ley que legalizará a las aplicaciones.
"Consideramos que estas fiscalizaciones no deberían llevarse a cabo tomando en cuenta que hoy existe un proyecto de ley que pretende modernizar la legislación sobre transporte remunerado de pasajeros y que la intención del Gobierno es regularla, no para impedir su desarrollo sino que, por el contrario, para que pueda ser llevada a cabo", sostuvieron desde la firma.
Una opinión opuesta tuvo el presidente de la Confederación Nacional de Taxis de Chile, Luis Reyes, quien abogó por una mayor fiscalización de las aplicaciones, ya que "hemos sido testigos de conductas que no son sancionadas".
