SANTIAGO.- Con prohibición de salir del país (arraigo nacional) y firma mensual quedó este jueves el ex general director de Carabineros Eduardo Gordon, quien fue formalizado esta mañana por el delito de malversación de caudales públicos.
En la inédita instancia judicial, el ex jefe policial fue informado por el fiscal que investiga el millonario fraude en la institución, Eugenio Campos, quien imputó el mismo delito al general (r) Jorge Serrano.
Campos los acusó de realizar compras por más de $21 millones del Departamento de Relaciones Públicas de la institución que llegaron a manos de funcionarios policiales y particulares.
Asimismo, reveló que se realizaron compras que fueron informadas como donaciones, pero que nunca llegaron a su destino, como por ejemplo, 10 lavadoras para la Fundación Teletón.
La misma situación ocurrió con 10 canastas de regalo de Navidad que serían para autoridades de Gobierno, corbatas, ollas a presión, sandwicheras, zapatos, y hasta muñecas, las que fueron a parar a manos de familiares y funcionarios de la institución.
Las compras fueron auditadas por la Contraloría, que investigó el periodo comprendido entre mayo de 2010 y mayo de 2011, cuando Gordon era general director y Serrano el coronel a cargo del Departamento de Relaciones Públicas, cuestionando las compras por $21,7 millones.
Préstamo irregular
Tras la objeción del ente contralor, Serrano pidió un préstamo por el mismo monto cuestionado para devolver los dineros a las arcas de la institución, solicitud que a juicio del fiscal Campos es “irregular”.
Pero más tarde al revelar la situación a Gordon, éste le explica que esos dineros no pueden salir de su bolsillo y le entregó un vale vista por los $21,7 millones.
Éstos provenían de supuestos ahorros que el general director de Carabineros mantenía en su poder, pero que en definitiva serían de la propia institución.
Por su parte el fiscal Campos explicó que en la carpeta investigativa hay varios antecedentes que darían cuenta del ilícito, entre ellas declaraciones, peritajes, así como oficios y prueba documental.
Respecto del crédito otorgado por la institución a Serrano, el persecutor insistió en denominarlo “irregular”, pero declinó entregar mayores detalles acerca de por qué tendría esta condición.
A la salida del tribunal Gordon evitó hablar con los medios de prensa, pero Serrano se refirió de manera breve a la situación, señalando que presentará todas las pruebas para demostrar que se trata de un “error administrativo” y no de un delito.
En ese sentido, su abogado Mario Vargas, explicó que la Contraloría señaló que "no había responsabilidad penal. Lo que había era una infracción administrativa, que fue solucionada en su momento".
"Mi representado recibía órdenes y él ejecutaba estas órdenes en relación a diversos regalos que se debían comprar y en ese entendido el haber solucionado el problema como la Contraloría lo disponía (reintegrar los dineros, me parece que exime de responsabilidad penal a mi representado. Pero siete años después el Consejo de Defensa del Estado y la fiscalía dicen que esto es delito y nosotros no estamos de acuerdo", señaló.
Vargas añadió que crédito que pidió Serrano, aún lo está pagando en cuotas. "En la carpeta no hay nada que diga que ese crédito es irregular. Él no ha dejado de pagarlas".
Mientras que el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell, explicó que el hecho de que se hayan reintegrado los dineros "no significa que no se haya cometido un delito y que no pueda perseguirse la responsabilidad penal de esa persona".
Por su parte el abogado Leonardo Bataglia, representante del ex general director de Carabineros, explicó que Gordon mantiene su "absoluta inocencia" y que "en el peor de los casos la imputación que podría hacerse a mi representado es de encubrimiento y no de autoría en el delito".
El tribunal otorgó a la fiscalía seis meses de investigación.
