SANTIAGO.- Cada día cinco personas mueren en accidentes de tránsito en Chile. Y seis de cada 10 conductores chilenos admiten que sobrepasan los límites de velocidad en ciudades; cinco lo hacen en las carreteras.
Es solo uno de los indicadores que esgrimen las autoridades para sostener que la tendencia a pisar el acelerador más allá de lo permitido es un problema en un país.
Como antídoto, el Ministerio de Transportes envió al Congreso un proyecto de ley que crea el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI), una suerte de "gran hermano" de los fotorradares.
Es un nuevo servicio público, encargado de instalar y operar una red de dispositivos automáticos de control de velocidad, y cuyo director nacional —elegido por Alta Dirección Pública— está facultado para aplicar multas a los dueños de los vehículos.
La iniciativa, que hoy seguirá siendo debatida con urgencia simple en la comisión de Obras Públicas y Transportes de la Cámara de Diputados, modifica la Ley de Tránsito y las atribuciones de los jueces de policía local.
Dudas sobre constitucionalidad en "
El Mercurio".
