SANTIAGO.- Los cambios que dictó la Contraloría General de la República al
protocolo de objeción de conciencia por aborto en tres causales realizados por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, no sólo fue un revés para la actual administración.
También lo fue para algunos recintos de salud privados del país que reciben fondos del Estado, y que se han manifestado en contra de la interrupción del embarazo, ya que éstos no "pueden acogerse a la objeción de conciencia (institucional), puesto que recibir financiamiento público se entiende que sustituyen a los servicios de salud y forman parte de la red pública de salud".
Uno de ellos es el
Hospital de Pucón de la Región de La Araucanía, a cargo de las Hermanas Misioneras Franciscanas de Purulón. Según revelaron fuentes a Emol, el establecimiento se encuentra en un proceso de compra por parte de la Universidad Mayor de Temuco.
El objetivo de esta adquisición es "colaborar con el desarrollo de la Región, de Pucón y de las zonas aledañas aportando con la experiencia de nuestros profesionales de la salud", dijeron.
Otros recintos que se verían afectado son los de la Universidad Católica que anteriormente -en febrero pasado- había presentado un recurso de protección contra el Ministerio de Salud por dicha acta, pero que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó.
A juicio de la casa de estudios dicha resolución contiene disposiciones "que atentan contra los derechos constitucionales (...) y constituyen un acto ilegal y arbitrario". Entre las normas que se vulnerarían menciona el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la libertad de asociación y el derecho de propiedad.
Por último, se encuentra el Hospital Parroquial de San Bernardo, que, de acuerdo a una información publicada en "La Tercera", tiene a su cargo cerca de 290 mil pacientes del sector público y atiende los partos de una red de seis consultorios de la zona sur de Santiago- y mantiene vigente un convenio mediante el DFL-36 con el Estado, por lo que no podría declararse objetor de conciencia institucional.
No obstante, el obispo y patrono del centro de atención aseguró que "
lo que está claro es que nunca haremos abortos y, en última instancia, aplicaremos la objeción individual, que ya existe en el recinto, pero no dejaremos los convenios".
Asimismo, aludió a que el reglamento "es un pronunciamiento administrativo, tiene su valor, pero no es lo definitivo". "Hay que ver cómo procede el Ministerio de Salud en la dictación del reglamento, donde se respete verdaderamente el caso de instituciones que tienen convenios con el", dijo.
