SANTIAGO.- El ex ministro de Justicia entre los años 2014 y 2015 bajo la segunda administración de
Michelle Bachelet,
José Antonio Gómez, solicitó a la fiscalía declarar en el marco de la investigación por el denominado
caso Ascar.
La petición de Gómez, según consignó La Tercera, la realizó a través de un correo electrónico dirigido al persecutor a cargo de la causa, Marcos Emilfork, quien investiga la eventual malversación de fondos públicos en los recursos asignados al programa de Aseguramiento a la Calidad de las Residencias (Ascar).
Proyecto ejecutado por la Subsecretaría de Justicia entre agosto de 2013 y diciembre de 2016, y tenía como objetivo mejorar las condiciones de las residencias dependientes del Servicio Nacional de Menores (Sename).
Gómez ejerció como titular de dicha cartera en pleno desarrollo de la iniciativa. En consecuencia, desde Chile Vamos han señalado que él, junto a su sucesora, Javiera Blanco, deben responder por las situaciones ocurridas durante sus gestiones.
Según la indagación, 41 meses es lo que duró el programa Ascar, en el que el fisco invirtió más de $3 mil 100 millones. "Hace más de un año se está investigando el programa y no me han citado a declarar", comentó Gómez.
"Soy el más interesado en que temas tan relevantes sean conocidos en su totalidad. Es por eso que le he ofrecido al fiscal declarar voluntariamente, lo que estoy seguro colaborará a una buena investigación sobre un programa que fue creado el 2013 para un estudio de políticas públicas del Ministerio de Justicia", agregó.
En ese sentido, el ex secretario de Estado habría pedido a Emilfork que la diligencia dure tres días, con el fin de explicar con detalle todo lo que sabía de esta iniciativa. De declarar, Gómez se sumaría a los interrogatorios que ya han enfrentado los ex subsecretarios Ignacio Piña, Marcelo Albornoz e Ignacio Suárez, desde que iniciaron las diligencias el 2017.
Cabe recordar que el programa fue creado durante la última etapa del primer Gobierno de Sebatián Piñera, luego de que se dejaran en evidencia las vulneraciones que padecían los menores dependientes del Estado.
La iniciativa continuó durante el segundo mandato de Bachelet, con Gómez, Blanco y Jorge Campos como ministros de Justicia.
