SANTIAGO.– Más de 14 mil trabajadores a contrata habría incorporado el Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet en los últimos seis meses de su gestión, según arrojó un informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres), y Chile Vamos reaccionó este martes solicitando detalles a La Moneda.
Entre septiembre de 2017 y marzo de 2018, habría existido un incremento de 14.546 trabajadores a contrata, de acuerdo al Informe Trimestral de los Recursos Humanos del Sector Público correspondiente al primer trimestre de 2018. De ese total, 2.832 contrataciones se realizaron entre diciembre de 2017 y marzo de este año, tras la segunda vuelta presidencial, según consignó hoy El Mercurio.
En ese contexto, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, anunció que presentarán un requerimiento a la Contraloría para que determine la legalidad de las masivas incorporaciones a contrata, información que tildó como "escandalosa".
"Si bien solicitaremos un pronunciamiento de la Contraloría respecto a estas masivas contrataciones, a simple vista queda de manifiesto que hubo una intencionalidad política de la anterior administración al hacer este tipo de contrataciones masivas. Lo que queremos es saber si esas incorporaciones se ajustan a la legalidad y determinar qué hay detrás de lo ocurrido", puntualizó Van Rysselberghe.
Asimismo, los diputados de RN Paulina Núñez, Sofía Cid y Eduardo Durán pedirán citar a declarar a la ex ministra Paula Narváez a la comisión investigadora que estudiará las contrataciones express al término del Gobierno de Bachelet. También se convocará a los ex ministros Nicolás Eyzaguirre, Gabriel de la Fuente y Pablo Squella, además del ex director de Presupuesto, Sergio Granados.
Durán sostuvo que "claramente las contrataciones tenían por fin incorporar activistas de campaña".
Además, los parlamentarios citarán al ministro de Hacienda, Felipe Larraín; al director de Presupuesto, Rodrigo Cerda y el actual contralor, Jorge Bermúdez.
Detalles a Hacienda y Segres
Tras el comité político ampliado en La Moneda, el timonel de RN, Mario Desbordes, indicó que solicitaron información a los ministros de Hacienda y Segpres sobre las contrataciones, pues recalcó que “nos parece que eso a lo menos es raro (...). Lo más increíble de todo es que entre enero y marzo se contrataron 3 mil personas adicionales cuando ya habían perdido la elección, yo creo que esto la verdad es que tiene harta cara de una mala práctica, porque no veo que en paralelo hayan mejorado los servicios públicos a proporción que significa la cantidad enorme de personas que se contrataron".
Ante esto, la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, confirmó que los partidos "nos han pedido detalles y señalar cuántos de estos contratos de amarre existen en las regiones. Creemos que con los recursos de todos los chilenos hay que ser muy responsables. Hemos dicho que el crecimiento por parte del Estado subió desmesuradamente en el gobierno anterior (...). Eso se llama irresponsabilidad y nosotros creemos que eso tiene que darse a conocer a la opinión pública”.
En la misma línea, el senador Víctor Pérez (UDI) planteó que "dejar amarrado un número tan importante de personas contratadas demuestra que lo que se quiso hacer es tener al Estado como una especie de botín para poder fijar problemas al Gobierno que venía (...). Un gobierno que tiene que entregar (la administración) en dos o tres meses más no se pone a contratar gente".
