SANTIAGO.- En la Cuenta Pública efectuada el pasado viernes, uno de los anuncios que hizo el Presidente Sebastián Piñera fue la puesta en marcha del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación -tras su aprobación en último trámite legislativo- , y si bien la noticia fue aplaudida por un grupo de académicos, algunos de ellos manifestaron reparos en el aspecto económico del proyecto.
En una carta enviada a
El Mercurio,
17 miembros -entre ellos vicerrectores y directores de investigación-
del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCh) señalaron que el artículo 9 en vez de impulsar
"incluye una barrera a la transferencia de investigación" en el país.
"El artículo sobre derechos de propiedad industrial -modificado esta semana en comisión mixta- obliga a los investigadores a restituir el 100% de los fondos asignados y una suma adicional equivalente al 5% de los ingresos obtenidos, así como el derecho a uso por parte del Estado a través de una licencia no exclusiva, intransferible, irrevocable y onerosa", dice parte del escrito.
Los integrantes del CRUCh agregan que el contenido del artículo no se discutió con ellos ni les fue consultada su opinión al respecto. Reclaman también que al devolver el total del financiamiento y las ganancias de los estudios "se desnaturaliza el rol del Estado, el cual es la promoción del bien común en la sociedad, pasando a constituirse en un ente financiero de capital de riesgo. Apuntan, además, que "el tema del patentamiento excedió la discusión de una estructura ministerial. Urge una nueva ley de transferencia tecnológica que defina la política más adecuada para las necesidades de nuestra sociedad.
En la misiva, los investigadores cierran apuntando a que este proyecto que tenía como finalidad potenciar la ciencia, "se convierte así, a último minuto, en un desincentivo de la investigación científica".
