"La utilización y el acceso público de este registro tiene que seguir los procedimientos de la ley de transparencia"; advirtió Drago.
Aton.
SANTIAGO.- El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, criticó el carácter público que podría tener el registro de evasores del Transantiago que impulsó el Gobierno y que entró en operaciones este martes.
El titular del organismo recordó que durante la tramitación del proyecto de ley que crea el registro público de evasores del Transantiago, el CPLT planteó su reparo a ese proyecto y a esa política en distintas instancias.
En ese contexto, Drago dijo que "no creemos que la creación de registros de carácter públicos sea una buena política pública en general cuando hablamos de faltas".
El titular de la institución recordó que el otro registro público que existe es el de pedófilos, por lo que según su parecer "todos entenderán los distintos reproches que puede haber de una sanción de carácter penal asociado a la pedofilia con una infracción administrativa por no pago de servicios de transporte público".
"Nosotros señalamos que no era conveniente la existencia de este registro en su carácter público. Un registro de infractores en manos del Estado para impulsar una política era perfectamente viable pero no su acceso público", recalcó
Según el titular de Transparencia, la ley estableció un sistema donde aplica la ley de transparencia para el acceso a ese registro con algunas limitaciones, sin embargo no se habló sobre la limitación de la notificación al tercero.
"La ley de transparencia obliga a notificar a los terceros cuando se solicita información relacionada con ellos, por lo tanto es un procedimiento que hoy no debería estar excluido en los reglamentos y esta la ley de transparencia y se debe hacer valer", dijo.
En esa línea, indicó que "en la medida que lleguen amparos de la información asociados a oposiciones de terceros vamos a ir resolviendo caso a caso y en esa instancia vamos a resolver en definitiva lo que se hace".
Drago recalcó que lo importante es que este registro cuente con los más altos estándares de seguridad, tenga extremo cuidado de que no caiga en manos equivocadas, es decir que no pueda ser hackeada o accesible por un tercero.
"Las medidas de seguridad de la información que se tomen tienen que ser extremadamente estrictas y la utilización y el acceso público de este registro tiene que seguir los procedimientos de la ley de transparencia, además de velar por la notificación de los terceros", afirmó.
Finalmente, reiteró que consideraba no conveniente el mencionado registro "en un entorno donde estamos intentando que se protejan los datos personales y donde ese tipo de información debe permanecer en manos del Estado y no ser de libre acceso".
