SANTIAGO.- Tras la audiencia de formalización a los cuatro internos del penal Santiago 1, acusados de golpear y torturar a dos ciudadanos ecuatorianos imputados por el crimen de una mujer 41 años en barrio República, la fiscal metropolitana Centro Norte a cargo del caso, Marcela Adasme, dio a conocer una serie de circunstancias que, a juicio del Ministerio Público, facilitaron las agresiones.
Los protagonistas de la golpiza, quienes, entre otras cosas, propinaron descargas eléctricas, fueron formalizados por el delito de tortura. Y por el mismo ilícito sería acusado el sargento de Gendarmería a cargo del módulo donde ocurrieron los hechos, Héctor Palma, quien fue detenido ayer y pasará a control de detención esta tarde.
De acuerdo al Ministerio Público, tres fueron las situaciones que habrían facilitado los apremios ilegítimos a los extranjeros.
No hubo "aviso oportuno" del gendarme
Según relató Adasme, uno de los hechos que facilitaron las torturas habría sido una presunta responsabilidad de Palma, por "no haber dado un aviso oportuno que podría haber impedido lo sucedido, o que no continuasen. De acuerdo al relato que las mismas víctimas hicieron, las torturas permanecieron bastante tiempo".
"Si el funcionario hubiese dado aviso al encargado de las cámaras, podrían haber llegado otros funcionarios (de Gendarmería) a prestar cobertura", añadió la fiscal.
Cámaras apuntaban a otro sector
Precisamente las cámaras, señaló la persecutora, son otra de las razones que dieron pie a la golpiza que recibieron los extranjeros, quienes cumplían con la medida cautelar de prisión preventiva por el delito de robo con homicidio.
Lo que dice Gendarmería es que el día del ataque a los reos les correspondía visita. En consecuencia, por razones de seguridad, "las cámaras se dirigen a las visitas, y dado que tampoco hubo aviso del funcionario del módulo en específico (11), no las dirigieron hacia el lugar donde habrían ocurrido los hechos", precisó Adasme.
Inexistencia de seguridad para imputados
Otro de los principales cuestionamientos que han surgido a raíz del hecho, es por qué Gendarmería, dado la notoriedad pública que tuvo el crimen, sumado a la gravedad del hecho, no se dispusieron medidas de seguridad extra para proteger la integridad física de los imputados.
En ese sentido, la persecutora sostuvo que "en la audiencia de control de detención de estos ecuatorianos, la defensa pública había señalado que ellos previamente habían sido agredidos en el recinto penal, motivo por el cual la magistrada que tomó la audiencia y los dejó en prisión preventiva, ordenó a Gendarmería que tomase medidas de seguridad a su respecto", medida, según la fiscalía, no habría sido acatada.
Al respecto, la directora de Gendarmería, Claudia Bendeck, manifestó que en este caso "se está asumiendo que (los agredidos) no fueron puestos en un lugar seguro".
"Nosotros tenemos la infraestructura para resguardarlos y por eso es que estamos iniciando un sumario para definir qué pasó. Estamos investigando", concluyó.
