SANTIAGO.- A casi un año de que entrara en vigencia la Ley 21.030, que
despenalizó el aborto en tres causales -riesgo de la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación-,
la puesta en marcha del cuerpo legal está lejos de haber terminado.
Mientras el Gobierno redacta y se prepara para enviar a la Contraloría un nuevo reglamento, que aborde el impedimento de objeción de conciencia para los centros privados que mantienen convenios con el Estado, la Superintendencia de Salud realizó una fiscalización a 114 prestadores públicos (62) y privados (52), de mediana y alta complejidad, para conocer el estado de avance de la implementación de la normativa.
Según resultados preliminares de la consulta, el 44% de los establecimientos no tiene un protocolo de derivación para pacientes que soliciten un aborto por alguna de las tres causales. Esa cifra aumenta en el caso de los prestadores privados, donde el 49% no tiene un procedimiento de derivación, mientras en el sector público el 41% no lo posee.
La falta de un protocolo claro puede significar la demora en la atención urgente de una paciente que llegue a un recinto en el que no existan profesionales disponibles o dispuestos a realizar la interrupción del embarazo por ser objetores de conciencia en alguna de las tres causales. Sobre todo entendiendo que según el último catastro realizado por el Ministerio de Salud, de los 971 médicos obstetras de hospitales en todo el país, 306 se han declarado objetores de conciencia; es decir, el 31%. En tanto, en el caso de los anestesiólogos, de 257 profesionales, 39 declararon que no harán aborto (15%).
