El ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner.
SANTIAGO.- Días clave ha tenido el caso Penta, investigación por el financiamiento irregular de la política. Hoy, el 8° Juzgado de Garantía acogió la solicitud de un procedimiento abreviado para los controladores de la empresa, Carlos Délano y Carlos Eugenio Lavín, mientras que el mismo tribunal decidirá este jueves si acoge el mismo acuerdo para el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner.
En el caso de los empresarios, la Fiscalía Oriente los reformalizó por delitos tributarios, eliminando el de cohecho; mientras que con Wagner se cambió el mismo ilícito por el de enriquecimiento indebido.
Esto, causó la molestia y crítica de los querellantes, como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Fundación Ciudadano Inteligente (CI). Sin embargo, el fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, defendió esta decisión y señaló estar "absolutamente satisfecho" con el acuerdo alcanzado con la defensa de Délano y Lavín.
"Cuando comenzó esta investigación se señalaba por los distintos involucrados que éstos eran errores o derechamente faltas administrativas, y que en ningún caso se trataba de conductas constitutivas de delito", afirmó.
Agregó que "hoy, ellos (Délano y Lavín) se han visto en la obligación de aceptar un procedimiento abreviado, porque no tenían otra alternativa, y debido a la contundencia de los antecedentes respecto a la existencia de delitos tributarios".
Consultado sobre qué hizo que el Ministerio Público decidiera recalificar los ilícitos, indicó que durante el transcurso de una investigación, se analizan "las distintas aristas y posibilidades reales de poder acreditar en juicio las hipótesis que se describen en la acusaciones", y que en la primera formalización "había una serie de afirmaciones de hechos que no tienen correlato con antecedentes de las investigaciones que nos permitan acreditarla".
Y precisó que en el caso de Wagner sí podían probar el incremento patrimonial indebido, dada "la existencia de pagos por parte empresas Penta", pero "lo que no tenemos claro es que esos pagos tengan como fundamento la ejecución de ciertas actividades por parte de Wagner".
Si bien el persecutor reconoció la facultad de los intervinientes para sostener que sí hubo una "contraprestación", como alegaban los qurellantes, reconoció que no logró una vinculación o declaraciones que establecieran aquello.
"(La reformalización no ocurre) por un tema de intentar impedirle a los querellantes que ejerzan su derecho, sino, porque tenemos el deber de objetividad que nos hace ser precisos en las acusaciones que hacemos y obviamente aquí no se trata de hacer lo que uno quisiera, sino lo que uno pudiera", expresó.
El trabajo de los ex fiscales
Guerra también se refirió al trabajo de los ex fiscales del caso, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, quienes en un comienzo presentaron una acusación por cohecho.
"Yo creo que no es un tema de error. Cuando se formaliza la investigación en 2015, se actúa sobre la base de los antecedentes existentes en esa época y se miran bajo una determinada óptica", afirmó.
Y concluyó: "Así como ellos tienen derecho a tener convicciones sobre la forma que apreciaron los hechos, nosotros también tenemos convicciones sobre el particular, y no voy a caer en ninguna descalificación".
