Alex Valdes, El Mercurio.
SANTIAGO.- Para potenciar la ley que redujo la velocidad urbana de 60 a 50 km/h y la futura entrada en vigencia de la normativa de Convivencia Vial, el Gobierno espera que pronto sea despachado de la Cámara el proyecto que crea un Centro de Control Automático de Infracciones (CATI),
una red de fotorradares.
Esta iniciativa considera un gasto estatal de $9.598 millones anuales en régimen, pero que, según el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), el año en que esté en régimen el centro -que podría ser 2024, si se pone en marcha en 2019-, los ingresos serían de $91.074 millones.
De esa cifra, $54.433 millones irían a la Tesorería General de la República, $9.606 millones, al Fondo Común Municipal, y los restantes $27.035 millones -por concepto de pago no anticipado- también ingresarían a ese fondo.
El centro, que será parte de una división de la Subsecretaría de Transportes, no tan solo registrará faltas por exceso de velocidad sino que también detectará infracciones por uso de pistas solo buses o por restricción vehicular, .
