El defensor nacional, Andrés Mahnke.
El Mercurio.
SANTIAGO.- Por primera vez, el defensor nacional, Andrés Mahnke, se refirió a la polémica que en las últimas semanas ha envuelto a la Corte Suprema: la acusación constitucional contra tres ministros que otorgaron la libertad condicional a condenados por crímenes de lesa humanidad.
"Se trata de jueces de la Sala Penal donde la Defensoría Penal Pública ha tenido la oportunidad de relatar en muchas oportunidades, y donde encontramos la visión más avanzada y progresista de derechos humanos en el debido proceso y acceso en la justicia", sostuvo el abogado luego de dar inicio al VIII congreso internacional de Asociación Interamericana de Defensorías Públicas que inició hoy y conmemora los 40 años de la Convención y de la Corte Interamericana.
De hecho, en su discurso de bienvenida destacó "distintas resoluciones jurisprudenciales de la Corte que ponen a nuestro país a la
vanguardia latinoamericana en temas que involucran distintos estándares provenientes del derecho internacional de los derechos humanos".
De acuerdo a Mahnke, esta visión se ha sido constatada en fallos de distintas materias, pasando por casos que involucran a pueblos originarios hasta temas migratorios.
Como ejemplo, citó las situación de la machi Francisca Linconao, formalizada, condenada y absuelta por hechos de violencia rural, así también como el de la comunera mapuche que tuvo que dar a luz engrillada. Es este último, la Suprema reconoció que hubo vulneración del derecho a la integridad personal y trato discriminatorio.
Y en esa línea, sostuvo minutos más tarde: "es una Sala Penal que desde el punto de vista del ejercicio y la evolución de los derechos humanos en nuestra judicatura va mucho más avanzada, contraria a lo que puede pasar en otros países del mundo, va mucho más avanzada de lo que podemos tener en los jueces de garantía y los tribunales orales en material penal en nuestro país".
El mecanismo correcto
Es es base a esto, el defensor indicó que la reflexión de fondo de la acusación apunta a si se adoptó o no el derecho internacional y que esta discusión "no corresponde al análisis jurídico que hay detrás de la resolución de la Corte Suprema".
Añadió que dicha acción "no es el mecanismo adecuado", y que esta no va a solucionar la problemática de fondo. "Nos parece que el camino precisamente debiese ser lo que está ocurriendo hoy día en el Congreso es que elevar el estándar nacional a los estándares que hoy día tenemos internacionales".
Precisó que todas las personas tienen derecho a los beneficios que otorgue un ordenamiento jurídico, pero que la falta de una regulación estandarizada lleva hacia una "desproporción" o "desequilibrio" en el sistema interno.
De no solucionar esto, indicó, "vamos a terminar como tenemos hoy día en nuestro sistema, que se le exigen mayores requisitos a delitos contra la propiedad que a secuestros calificados con resultado de muerte que eventualmente no están inmersos en agendas cortas que se han llevado a cabo en los últimos años".
Y concluyó: "La preocupación nuestra es si les afecta a tres ministros estar acusados; tienen asuntos importantes que resolver, criterios que seguir evolucionando y desarrollando, y a nosotros nos parece que distorsionar ese trabajo de la Sala Penal de la Corte Suprema, que es más emblemática en la evolución de la mirada jurisdiccional acerca de la protección de los derechos humanos, es preocupante".
