Héctor Yáñez, El Mercurio
SANTIAGO.-
Linda Cerpa tenía 23 años cuando partió su historia. Era 2013 y la trasladaron al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó, donde
se convirtió en la única oficial femenina entre 15 funcionarios. Se casó al año siguiente y a partir de entonces, afirma que comenzó a ser acosada por sus compañeros. Pero, de acuerdo a su relato, todo se extremó cuando en 2015 trasladaron a su marido a otra unidad.
"Ellos hicieron un grupo de WhatsApp llamado El Club de Toby, donde yo era la Pequeña Lulú. Me comparaban con videos de menores de edad que tenían relaciones con varios hombres. Sus conversaciones eran de carácter sexual", dice hoy desde Valdivia, donde fue trasladada hace un tiempo, luego de presentar dos denuncias ante la fiscalía y que se abrieran sumarios administrativos. Actualmente, después de tres años y medio, Gendarmería le abrió un sumario a ella por uso de conversaciones privadas, por dar a conocer los diálogos del WhatsApp que demostraban el acoso sexual y la difusión de material pornográfico de menores.
"Yo tuve acceso a todas las conversaciones de esos 14 oficiales. Recibí un sobre en forma anónima. Ahí constaté que se referían a mí en forma obscena y que además difundían pornografía de menores", cuenta.
Este es uno de los 4.515 sumarios que hoy están abiertos en Gendarmería, cifra que abarca desde 2006 a 2018. Y no han logrado disminuirse desde que la nueva dirección del servicio penitenciario asumiera el 6 de abril, aunque ha cerrado 891 procesos disciplinarios a nivel nacional. Entre las vigentes hay indagaciones internas por abandono de servicio (332), retrasos e inasistencias (1.373), mal uso de licencias (42), por ejemplo.
