Los ministros en el Congreso.
Aton
SANTIAGO.- Esta primera semana de octubre será clave para el área económica del Gobierno, particularmente para el Ministerio de Hacienda. Esto porque serán ingresados dos proyectos ejes de su agenda y otro tendrá un hito clave en su tramitación.
Este martes, el titular de la cartera, Felipe Larraín, terminó de exponer sobre la
modernización tributaria ante la comisión de Hacienda de la Cámara. En los próximos días, la instancia liderada por el diputado Pablo Lorenzini (DC) votará en general el proyecto.
Según ha estimado el ministro, la iniciativa podría ser despachada en abril del próximo año. Para eso, según explicó La Tercera, el Ejecutivo decidió activar una estrategia política-comunicacional enfocada en el diálogo con la oposición y superar los traspiés sufridos con el salario mínimo.
Por otro lado, el Gobierno tiene plazo hasta hoy para enviar al Parlamento la
Ley de Presupuestos 2019. Si bien había trascendido que podría adelantarse su presentación, el Presidente Sebastián Piñera ha transmitido que le interesaba revisarlo.
Desde ya los parlamentarios han advertido una "compleja" tramitación, ya que se consideran varios factores: el primero es que esta iniciativa siempre ha estado marcada por tensas y extensas discusiones entre Gobierno y parlamentarios, otro es la gran cantidad de parlamentarios que por primera vez vivirán una discusión. Y por último, pero no menor, el clima que se generó por la discusión de salario mínimo.
Con todo y debiendo superar todas esas dificultades, el erario fiscal tiene que estar aprobado según estipula la normativa, el 30 de noviembre.
Otra iniciativa fundamental de la agenda legislativa para este Gobierno, es la
reforma al sistema de pensiones. Según se comprometió el Gobierno, el plazo máximo para su presentación en el Congreso sería el 30 de septiembre, aunque ha trascendido que podría aplazarse también para estas primeras semanas.
Uno de los elementos que más tensión genera con la oposición, es que el Ejecutivo ya habría zanjado un aumento en la cotización de 4 puntos porcentuales con cargo al empleador. Pero si bien no se ha establecido quién será el encargado de su tramitación, tampoco se ha mencionado que pudiera ser un ente estatal, como sí lo había establecido la administración anterior de la ex Presidenta Michelle Bachelet.
