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Expertos cuestionan proyecto Aula Segura y dicen que nuevo proceso de expulsión sería inconstitucional

Según afirmaron profesores de Derecho Constitucional, la iniciativa no permite al alumno defenderse y proponen que debería ser primero suspendido antes de ser sancionado.

04 de Octubre de 2018 | 09:13 | Redactado por Verónica Marín, Emol
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Agencia Uno
SANTIAGO.- La comisión de Constitución del Senado comenzó la tramitación del proyecto Aula Segura, que entre otras cosas reduce de 25 a cinco los días de plazo para expulsar a escolares acusados de delitos.

Según informa La Tercera, fue justamente ese punto el que generó debate entre los expertos convocados ayer revisar el texto en la instancia parlamentaria y la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

El doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, Manuel Antonio Núñez, afirmó que la iniciativa "no cumple con el estándar del debido proceso, porque con el fin de proteger a la comunidad escolar, adelanta una sanción sin un proceso previo", esto según dijo, no sería justo. Además manifestó que no está clara la intención del Gobierno en este proyecto.

"El fin que busca el Gobierno se puede lograr autorizando al director del establecimiento a suspender al alumno. La suspensión como medida cautelar garantiza la seguridad de la comunidad escolar y el debido proceso del alumno investigado", apuntó.

Por su parte el doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso, Jaime Bassa, precisó que el proyecto Aula Segura "adolece de una inconstitucionalidad evidente, toda vez que los principios del debido proceso solo están relativamente considerados desde el momento en que se aplica la sanción de expulsión, pero no en los momentos previos de la investigación, lo que impide el derecho a defensa, presentar pruebas o conocer una investigación en contra del alumno".

Ante esto la ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien también asistió a la sesión defendió el proyecto del Gobierno rechazando que no se den las garantías del debido proceso y resaltó que lo que en él primera es "la seguridad de la comunidad educativa y del derecho a educación de la comunidad".

"Este proyecto obliga al director a hacer una resolución fundada, lo que evita arbitrariedad en la decisión, y al mismo tiempo le da el derecho al estudiante a defenderse", aseguró la secretaria de Estado que alegó además que con esto se está retrasando el trámite que tiene urgencia.
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