Fotografía sólo referencial.
El Mercurio/ Archivo.
SANTIAGO.- A través de un comunicado, el Frente de Trabajadores Penitenciarios, que agrupa a los cinco gremios que incluyen al 97% de funcionarios y funcionarias de Gendarmería de Chile, defendió sus demandas, asegurando que "llegó el momento de decir basta a esta postergación histórica" a su rubro.
Luego que ayer se conociera el fracaso de las negociaciones entre el Gobierno y los gremios de Gendarmería, los funcionarios anunciaron que a partir del lunes comenzarán el paro de sus funciones.
Al igual como lo hizo ayer el Ministerio de Justicia al dar a conocer sus propuestas que fueron rechazadas, este sábado los trabajadores difundieron el contenido y la justificación de sus planteamientos, que indicaron "buscan efectivamente establecer una verdadera carrera funcionaria, y que después de cuatro meses de trabajo, no han sido acogidas por el Gobierno" (Ver documento con propuestas al final de la nota).
"Las propuestas que hemos dado a conocer públicamente y que en ningún caso están por sobre el resto de los servicios públicos, han sido planteadas de forma seria, responsable y con gradualidad, y solamente buscan mejorar nuestras condiciones laborales y económicas, que permanente han sido invisibilizadas y postergadas por los distintos gobiernos de turno de manera irresponsable", precisaron.
Y agregaron que "creemos firmemente que llegó el momento de decir basta a esta postergación histórica hacia los trabajadores Penitenciarios, somos un eslabón insustituible en la reinserción y prevención para la seguridad pública y paz social de nuestra patria".
Con ello, acusaron que "el Estado chileno con el estancamiento actual de los escalafones de las plantas de oficiales (1062) y de suboficiales (15.085) penitenciarios respectivamente, se genera ahorros considerables al no cursar ascensos del personal que contando con todos los requisitos cumplidos para ascender, no lo puede hacer por falta de vacantes, este ahorro asciende a más de $9.000.000.000 de pesos anuales en total".
A su juicio, tras la implementación de la última ampliación de plantas el 2010, se "ha mantenido incompleta las Plantas de Oficiales y Suboficiales en alrededor de 1000 funcionarios menos, lo que significa un ahorro de más de $10.000.000.000 anuales".
Lo anterior, explican, que implica que los funcionarios "deban trabajar más horas, con turnos esclavizantes e inhumanos, que superan tres veces la jornada normal de cualquier trabajador del sector público".
A lo que se suman, vacantes sin llenar para los distintos cargos y que están disponibles para ascensos desde el año 2011 a la fecha, lo que se apuntan que se "ha traducido en un ahorro para el estado cercano a los 30.000.000.000, aproximadamente, y una pérdida de ingresos en materia de sueldo para estos trabajadores".
