SANTIAGO.- El 5 de diciembre de 2016, el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua emitió una condena en fallo unánime: Luis Humberto Carrasco Díaz recibió una pena efectiva de 15 años de presidio por cometer el delito de femicidio. La víctima fue su esposa Julia Castillo Figueroa, con quien se encontraba separado de hecho, que dejó de existir el 3 de enero de 2014 a sus 32 años.
El fallo lo dejó establecido: "Le propinó diversas heridas cortantes, principalmente en la zona del cuello, resultando degollada la víctima, lesiones que la dejaron gravemente herida, falleciendo minutos más tarde por una hemorragia aguda externa". Julia tenía junto a Luis dos hijos.
Hoy, el cuidado de los niños recae sobre Érika Figueroa y Gerardo Castillo, los padres de la mujer, quienes además de velar por sus dos nietos, se encargan de sus otros cuatro hijos. El único que recibe remuneración por su trabajo es él, que sufre algunos problemas de salud. "Pero hemos sabido sacarlos adelante", dice ella.
El dramático caso es ilustrativo y por eso el matrimonio llegó este martes hasta el Congreso Nacional: para acompañar la presentación de un proyecto de resolución que busca otorgar protección y amparo a menores de 21 años que sean víctimas indirectas de un femicidio.
"El más absoluto desamparo"
El proyecto, presentado por el diputado Diego Schalper (RN), contó con un patrocinio transversal, que incluyó a las parlamentarias Johanna Pérez (DC), Carolina Marzán (PPD), María José Hoffman (UDI), Emilia Nuyado (PS) y Catalina Pérez (RD).
"Este es un problema que se encuentra en estado de invisibilidad y Chile, y que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes que quedan desamparados en los casos en que se comete un femicidio o parricidio y el autor termina en la cárcel. ¿Qué sucede con esos niños que quedan en el más absoluto desamparo?", planteó el diputado RN.
"Es lo que necesitamos no solo para mis niños, sino que para todos esos niños que quedan sin nadie que los apoye, porque en el momento están todos, pero pasan los años y se quedan sin nadie que los ayude"
Érika Figueroa
El proyecto tiene tres ejes: un aporte económico mensual con cargo al Ministerio de Desarrollo Social para dichos niños, una tutela provisoria para ellos durante el tiempo que dure el procedimiento penal y que pueda ser ejercida por un pariente hasta el cuarto grado inclusive, y que el protocolo que hoy existe en los ministerios de la Mujer y Justicia, que les da defensa y apoyo psicológico, se eleve a rango legal.
La iniciativa, explicó Schalper, ya ha sido conversada con el ministro Alfredo Moreno y con el director de Presupuesto, Rodrigo Cerda. "Está toda la disposición del Gobierno para incluirlo dentro de la glosa de ayuda socioeconómica", añadió, aclarando que el proyecto todavía debe ser patrocinado por el Ejecutivo.
"Nos interesaba presentarlo porque el lugar en donde tienen que nacer estas iniciativas transversales y con apoyo de distintos partidos es en el Congreso Nacional, para que después el Gobierno los haga propios. Estoy seguro de que lo harán con la ministra Plá, el ministro Larraín y el ministro Moreno", acotó.
Para la madre de Julia Castillo, se trata de un proyecto necesario. "Es muy bueno, es lo que necesitamos no solo para mis niños, sino que para todos esos niños que quedan sin nadie que los apoye, porque en el momento están todos, pero pasan los años y se quedan sin nadie que los ayude", concluye.
