SANTIAGO.- El mismo día que la Corte Suprema declaró ilegal la destitución de la subcontralora, Dorothy Pérez, la máxima autoridad del ente fiscalizador, Jorge Bermúdez, acotó las atribuciones al cargo de la abogada, quien hoy retomó sus funciones.
Tras meses de pugna en tribunales, críticas cruzadas y acusaciones de pérdida de confianza, el máximo tribunal ordenó el pasado viernes la reintegración de Pérez. Ese mismo día Bermúdez firmó un dictamen en el que se deja "sin efecto la resolución N° 25, de 2018, de este origen, de manera que la delegación de la facultad de firmar las materias allí detalladas y de las atribuciones allí descritas,
serán ejercidas desde la total tramitación del presente acto por el Contralor General".Según explicaron desde Contraloría, las facultades que ahora fueron eliminadas son las que se le atribuyeron en su momento a la labor que ejercía María Soledad Frindt, quien en agosto pasado fue designada en el puesto de Pérez.
El dictamen fue publicado el día de hoy en el Diario Oficial, se indica que en la resolución afectada "se delegaron la facultad de firmar 'Por orden del Contralor General' y las atribuciones que en aquella se indican, en atención a la necesidad existente al momento de su dictación de que el Contralor General dedicara personalmente parte de la jornada laboral a las tareas de fortalecimiento institucional descritas en el Informe que se remitió mediante el Pase Interno N° 1, de 7 de septiembre de 2018, del Gabinete del Contralor General, sin que ello obstruyera el normal funcionamiento de esta Entidad Fiscalizadora".
Así también la resolución de Bermúdez reitera "la orden de dejar sin efecto todas las disposiciones que deleguen o modifiquen delegaciones, ya sea de firma o de atribuciones, en el cargo de Subcontralor, dictadas con anterioridad a la total tramitación del presente acto administrativo".
Y concluye: "Establécese que lo dispuesto en la presente resolución no afecta las delegaciones realizadas al Jefe y al Subjefe de la División Jurídica con anterioridad a la dictación de la citada resolución N° 25, de 2018".
De esta manera, las facultades de Pérez al interior del ente fiscalizador quedaron enfocadas solo en su labor de jueza de cuentas.
El conflicto
El conflicto entre ambas autoridades comenzó a fines de agosto, cuando Bermúdez le solicitó su renuncia debido a una "pérdida de confianza". Rápidamente la abogada se negó, asegurando haber "servido el cargo lealmente y respetuosamente".
Sin embargo, a los días el contralor declaró vacante el puesto y nombró incluso a una reemplazante. Por su parte, la defensa de Pérez sostuvo que su salida había sido "ilegal y arbitraria" ya que, como jueza de cuentas, necesitaba un procedimiento especial para ser sacada.
Esto último fue acogido por la Tercera Sala de la Suprema al establecer que "la remoción del contralor general y del subcontralor corresponderán al Presidente de la República, previa resolución judicial tramitada en la forma establecida para los juicios de amovilidad que se siguen contra los ministros de los tribunales superiores de justicia y por las causales señaladas para los ministros de la Corte Suprema".
