SANTIAGO.- Veintiún personas presentará la Fiscalía Metropolitana Occidente para declarar en una de las aristas del llamado "caso Basura", que este viernes enfrentará su primer juicio oral por presunto fraude al fisco en el contexto de las licitaciones por servicios de extracción de residuos adjudicados a la empresa KDM.
Los testimonios serán entregados como parte de la prueba de cargo presentada por el ente persecutor contra el
ex alcalde de Ñuñoa Pedro Sabat y su entonces
director jurídico, Marcial Araya.
En un comienzo la indagatoria por licitaciones involucró también al ex alcalde de Maipú,
Christian Vittori, y luego alcanzó, al ex jefe comunal de Cerro Navia,
Luis Plaza, además del alcalde de Colina,
Mario Olavarría. A este último, la Fiscalía le atribuye el delito de fraude al fisco vinculado a dos contratos de honorarios
Según lo informado por la fiscalía, se solicitará al Tercer Tribunal Oral de Santiago que tanto Sabat como Araya sean sancionados por el delito de fraude, "al haber utilizado un subterfugio que va en contra del ordenamiento jurídico y no respetando la decisión del concejo municipal de Ñuñoa de rechazar la propuesta de adjudicación del servicio de extracción de basura a la empresa Demarco (filial de la empresa KDM), dado que iba contra los intereses de la comuna".
De acuerdo a la acusación, ambos imputados habrían decidido adjudicar la licitación a la compañía entre 2012 y 2016, lo que implicó un perjuicio fiscal de $524.737.361.
Por los hechos, el equipo compuesto por el fiscal regional José Luis Pérez, los persecutores adjuntos Tania Mora y José Solis; además de la jefa de la unidad jurídica Claudia Roco solicitó una pena de 7 años de presidio y el pago de multa del 10% del perjuicio total ocasionado.
Se espera que el próximo lunes se inicie la audiencia de preparación de juicio oral respecto los hechos ocurridos en Cerro Navia. En cuanto a Maipú, la misma cita se inició el pasado 24 de septiembre y a la fecha todavía está en etapa de desarrollo; mientras que en Colina se está a la espera que el tribunal respectivo comunique la resolución que fija el proceso de apertura.
