SANTIAGO.- Cuatro procesados por fraude al fisco al Ejército recurrieron al Tribunal Constitucional para que la ministra
Romy Rutherford deje la investigación por mal uso de dineros públicos realizado por oficiales destinados a comisiones de servicio. Los argumentos para pedir la incompetencia -aparte de que el fraude al fisco no es un delito militar- son que la justicia militar no da garantías constitucionales y que no es competente porque los oficiales y suboficiales ahora son civiles por lo que quieren que pase a la justicia ordinaria y ser indagada por el Ministerio Público.
