SANTIAGO.- La
ministra (s) de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo, cursó ayer junto a Carabineros una millonaria multa a los dueños del
Fundo Mónaco de Pichilemu por impedir el acceso a la playa que colinda con el terreno.
La infracción, interpuesta a los hermanos
Marco, José y Marcial Jaramillo Arriagada, es la primera que se imparte desde que se publicó la Ley 21.149, la cual establece dichas sanciones.
Sin embargo, el
consejero regional de O'Higgins por la provincia de Cardenal Caro
Bernardo Cornejo (DC), denunció que no es el único caso que existe actualmente en la zona: lo mismo ocurre con
Santa Marta,
Panilonco y
Alto Colorado.
Se tratan de "playas que hoy día están pendientes, que están en la Resolución N°5 de 1984 que fija las vías de acceso a las playas de la zona que Bienes Nacionales tiene que fiscalizar y ordenar la apertura", comentó la autoridad en conversación con Emol.
"Quedan muchas más en nuestra costa de la Región de O'Higgins, pero no tienen la vía solicitada, entonces en esas otras hay que hacer un procedimiento administrativo distinto", añadió.
Según informó, los propietarios de Santa Marta "son varios que hay que identificar"; de Panilonco "es la familia Errázuriz"; y de Alto Colorado "una forestal (Nilahue) que explota los bosques, por lo tanto tienen faenas todos los días, es decir, administradores, trabajadores y maquinarias".
No obstante, Cornejo declaró que esta empresa "ha tenido una voluntad distinta, mucho más amigable porque ellos sí han permitido el acceso a los pescadores, aunque con un plan controlado".
En concreto, se refirió a que "ellos cometen una ilegalidad al retener el carnet de los pescadores en la entrada. Ese documento es para una fiscalización en la playa por parte de los marinos, entonces ese pescador tiene que caminar entre seis y 12 kilómetros sin documentación. Esa medida hay que corregir".
"Acto responsable"
El consejero dijo que este caso, junto al ocurrido en Lago Ranco, "es más común de lo que uno cree en nuestro borde costero".
"Esta cultura del patrón de fundo, del propietario del siglo XIX o XX, que aprovechando el desconocimiento de la ciudadanía, de los instrumentos legales,
hace uso y abuso de cosas que no les pertenecen,
pero los propietarios en su mayoría conocen esta ley, conocen el decreto y las resoluciones, por lo tanto hacen un caso omiso argumentando cualquier cosa, pero tienen claro conocimiento", denunció.
Es por ello que valoró la acción del Gobierno: "Es un acto, a mí juicio, bastante responsable y yo felicito a la subsecretaria por lo que está haciendo" y porque "ordenó que se hiciera un levantamiento cartográfico de la zona para poder establecer bien la ruta de los caminos, que sean las que realmente aparecen en los planos de la resolución de tal manera que no exista ningún cuestionamiento".
"La subsecretaria estableció un plazo máximo de una semana para que se ordene y se cite a los colindantes", agregó.
