Estos desechos, denuncian, se suman a los que estarían recibiendo de otras comunas.
Intervención de Carabineros y quiebre de mesa
Las comunidades radicalizaron su postura y junto a autoridades comunales comenzaron a exigir la clausura del depósito industrial de propiedad del empresario Fernando Hernández. En paralelo, demandaban la presencia de autoridades gubernamentales para destrabar el conflicto.
Fue en ese momento que efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros llegaron en el lugar: hubo bombas lacrimógenas y detenidos.
"Les estamos dando la oportunidad de que se manifiesten de forma pacífica, pero no lo quieren hacer, yo no puedo permitir que le restrinjan los derechos (de transitar) a las demás personas", dijo el teniente coronel Alejandro Alonso a La Estrella de Chiloé.
Al anochecer del miércoles, el gobernador Fernando Bórquez, dirigentes del llamado Movimiento de Defensa de Dicham y el concejo municipal de Chonchi, liderado por el alcalde, Fernando Oyarzún (RN), además de representantes de las Seremis de Gobierno, Salud y Medio Ambiente, comenzaban una reunión para intentar destrabar el conflicto.
Sin embargo, la mesa de trabajo no rindió frutos. Así lo explicaba al mismo medio el presidente de la junta de vecinos de Dicham Marcos Márquez: "Acabo de quebrar la mesa. Cómo puede ser que a funcionarios regionales que son enviados, y después de un montón de discursos, solo les interesa (saber) dónde van a llevar los residuos industriales".
De esta forma, los movilizados continuaron con las protestas, esta vez, de forma indefinida, estableciendo que el único interlocutor válido para llevar un nuevo diálogo sería el intendente de la Región de Los Lagos, Harry Jürgensen.
Acuerdo y fin de la movilización
Las protestas continuaron durante la mañana del jueves, y la autoridad regional decidió intervenir. Tras una serie de reuniones que se realizaron durante la tarde en la gobernación, primero con los dirigentes del movimiento y posteriormente con los alcaldes de Chiloé hubo humo blanco: el intendente anunció el cierre del polémico vertedero.
"Hemos llegado a un acuerdo con las comunidades, con las mesas de Chonchi, de Dicham, y va directamente en un proceso de prohibición de funcionamiento de los que es el actual vertedero industrial", señaló.
"Este proceso se está llevando a cabo, las comunidades se dan cuenta y hacen fe de esta situación y, por lo mismo, han acordado deponer su actitud", dijo, añadiendo que el cierre provisorio se produce "por incumplimiento en cinco o seis cosas distintas y uno de ellos es que (el vertedero) está funcionando en un espacio muy superior al que contiene la resolución medioambiental respectiva".
Seguido de ello, indicó que otra de las irregularidades detectadas por la Superintendencia de Medio Ambiente tiene que ver con que "no se están tratando como corresponde los lixiviados y tampoco los depósitos de agua lluvia. Hay un conjunto de medidas que hacen aplicable un sumario sanitario que va a ir determinando cuánto tiempo va a permanecer sin funcionamiento este vertedero".
"Todos aquellos que estaban ocupando este servicio tendrán que buscar otras soluciones, existen ofertas dentro de la provincia", zanjó.
La visita inspectiva corroboró que hubo un "incumplimiento de las obras comprometidas en las Resolución de Calificación Ambiental del proyecto, principalmente por superar la superficie establecidas en dichos permisos ambientales", sumado a la presencia de "líquidos lixiviados durante la operación del Vertedero generando impactos en el bosque nativo del sector".
Así las medidas dictaminadas por la Superintendencia para el vertedero son revisar, contener y controlar todas las descargas de líquidos lexiviados; retirar aquellos de este tipo mezclados con aguas lluvias; presentar en un plazo de 12 días hábiles una propuesta de programa de monitoreo de pozos cercanos.
Asimismo entregar en el mismo plazo un nuevo plan de acción de control y prevención; y elaborar un informe detallado y consolidado respecto de cada una de las medidas establecidas en esta resolución, el cual deberá ingresar a las oficinas de la Superintendencia en 14 días hábiles.
