La
Contraloría General de la República emitió un pronunciamiento para modificar la Ley de Bases Generales de Administración del Estado (Lbgae), y en la que aprueba el Estatuto Administrativo,
restringiendo así el ejercicio de abogados del sector público, incluyendo a profesores de universidades estatales. La medida le impide a dichos profesionales representar a terceros en litigios civiles, afecten o no las arcas fiscales. El anunció inmediatamente generó rechazo. "El deber de lealtad de los profesores de Derecho de las universidades públicas no es con los intereses del Estado, sino con la educación pública", dijo el profesor de Derecho Procesal de la U. de Chile,
Julián López.
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