SANTIAGO.- Durante la tarde de este martes, el Ministerio Público se refirió a la polémica generada luego de que el diputado René Saffirio (IND) solicitara la renuncia del fiscal nacional, Jorge Abbott, y del ministro de Justicia, Hernán Larraín, tras acusarlos de ocultar un informe elaborado por la Policía de Investigaciones (PDI); que contenía información sobre vulneraciones ocurridas al interior del Sename.
Según el parlamentario ambas autoridades estaban al tanto del documento en donde se abordan maltratos en el Servicio Nacional de Menores, sin que se haya hecho algo al respecto.
"Cuando se retiene un informe como éste, durante un año y sin tomar medidas, evidentemente que hay que asumir responsabilidades administrativas, políticas y penales; tanto el fiscal nacional como el ministro de Justicia al ocultar esta información, que da cuenta de eventuales delitos, han incurrido en faltas graves y deben renunciar", sentenció el diputado.
"Tengo la información de que en una investigación que llevaba adelante el fiscal Emilfork se pidió este estudio. Tuve conocimiento de que se estaba realizando, pero el Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe, por eso lo que hace el diputado Saffirio es muy grave, porque hace afirmaciones que no tienen respaldo en los hechos. Espero que dé una explicación pública en esta materia"
Ministro de Justicia, Hernán Larraín
Con lo anterior, la Fiscalía Nacional emitió una declaración pública en la que negó haber ocultado el informe de la policía. Asimismo, el Ministerio Público y la PDI aseguraron que el documento, que fue encargado por el fiscal Marcos Emilfork, aún no ha sido remitido a justicia, lo que fue confirmado por el ministro Hernán Larraín.
"Tengo la información de que en una investigación que llevaba adelante el fiscal Emilfork se pidió este estudio. Tuve conocimiento de que se estaba realizando, pero el Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe, por eso lo que hace el diputado Saffirio es muy grave, porque hace afirmaciones que no tienen respaldo en los hechos. Espero que dé una explicación pública en esta materia", señaló el secretario de Estado.
En ese sentido, el Ministerio Público explicó que "el Fiscal Regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, en su calidad de responsable de la investigación penal por muertes de niños, niñas y adolescentes (NNA) en centros del Sename, encargó el 6 de junio de 2018 a la fuerza de tareas de la PDI que generara un informe con los hallazgos no relacionados con la investigación penal respecto de la situación de estos NNA. En particular, se pidió contemplar datos estadísticos, metodología y análisis descriptivo de la situación de la 'infancia en institucionalizada' en el país'", señala el comunicado.
Según la Fiscalía Nacional, la PDI remitió al fiscal Emilfork el informe el 25 de abril de 2019. Luego, el 6 de mayo de 2019, el Fiscal Emilfork entregó el análisis a la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional, a través de un oficio en el que consultó si era posible entregar el documento a las autoridades de gobierno, "con el fin de contribuir con insumos a la generación de políticas públicas en la materia".
A lo anterior, la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional respondió que el informe podía ser entregado a terceros, pero que "dado que no es facultad de los fiscales proponer políticas públicas, el documento debía remitirse al Fiscal Nacional para evaluase la pertinencia de que los antecedentes fueran entregados como insumos para programas o planes de gobierno en la materia".
Así, el Ministerio Público aseguró que el informe se entregaría, en conjunto con el Director General de la PDI, al Ministerio de Justicia. "De hecho, se había estimado como fecha tentativa el 18 de julio, lo que debe coordinarse con las autoridades respectivas", asegura el comunicado.
Por último, destacan que "la Fiscalía Nacional hace hincapié en que el informe no contiene datos sensibles que individualicen a NNA ni antecedentes sobre las investigaciones penales en marcha y cuyo contenido no corresponde ser informado a autoridades de Gobierno. En los casos en que se detectaron condiciones precarias, cuya solución no está en manos del Ministerio Público, los antecedentes fueron oportunamente remitidos a las autoridades pertinentes".
