Soledad Piñeiro y Claudio Uribe (de izquierda a derecha)
El Mercurio.
SANTIAGO.- Hasta Washington llegaron representantes de las asociaciones de magistrados y fiscales para interponer una denuncia contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La acción fue presentada hoy en la sede de la Comisión luego que ambas agrupaciones estimaran que la exclusión del reajuste al sector público de la que fueron objeto en 2016 constituye un mecanismo de control que atenta contra la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de una discriminación arbitraria en perjuicio del rol de afectados y afectadas.
Los gremios, según se informó a través de un comunicado, decidieron recurrir al sistema interamericano de DD.HH., "luego de agotar todas las acciones y recursos ante la justicia ordinaria del país, que intentaron revertir un congelamiento de las remuneraciones que les significó quedar fuera de cualquier ajuste de corrección de sus rentas por la natural alza del costo de la vida el año 2016".
Y si bien el congelamiento no fue permanente, para ambas asociaciones "resulta peligroso que no existan parámetros objetivos para la fijación y exclusión de tales reajustes", como que estén sujetos a la contingencia política.
Por ello, añadieron, se estima "relevante una decisión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en orden a detener este tipo de conductas como claros indicios de debilitamiento de las garantías para los justiciables".
La denuncia fue ingresada por la Presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, Soledad Piñeiro, y su par de los fiscales, Claudio Uribe, acompañados del abogado Ciro Colombara, previo a un encuentro con la Relatora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del tribunal, Soledad García-Muñoz.
