SANTIAGO.- La primera fase de la puesta en marcha de la ley de entrevistas videograbadas para menores que hayan sido víctimas de delitos graves, como sexuales o trata de personas, comenzará a regir a partir de este jueves en seis regiones del país.
Se trata de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Aysén y Magallanes. En tanto, la segunda etapa está programada para octubre de 2020 en Atacama, Ñuble, La Araucanía, Coquimbo, Temuco, Biobío y Los Ríos, mientras que la última fecha se archivó para el mismo mes de 2021 en la zona Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins y Los Lagos.
El objetivo de la normativa es prevenir la victimización secundaria los menores generada tras la constante entrega de testimonio a personas o instituciones que intervienen en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento.
Para ello se establece la realización de una entrevista durante el proceso investigativo, a cargo de un entrevistador capacitado, ya sea de ambas policías o la fiscalía, en una sala especialmente acondicionada durante el proceso, y a la cual podrán acceder los intervinientes que lo requieran.
Se accederá a una segunda diligencia en casos extraordinarios, la que tendrá que ser solicitada por el fiscal a cargo con acuerdo del persecutor regional de su jurisdicción. Será también el fiscal que dirija la investigación quien determinará a qué institución pertenece el entrevistador que participará en cada caso.
"La participación de niños, niñas y adolescentes durante todo el proceso penal va a estar absolutamente protegida y se van a evitar situaciones que hemos conocido donde los niños han sido victimizados una y otra vez al tomar diversas declaraciones por diversos agentes del Estado y también otros particulares o miembros del sistema de Salud y Educación", señaló el fiscal nacional, Jorge Abbott, recordando además que en más de alguna oportunidad se debió abandonar el proceso por los efectos que estaba causando en las víctimas.
Se considera también una declaración judicial durante el juicio, la cual se realizará siempre en el caso de los menores de 14 años mediante un intermediador en una sala especial.
"Vamos a obtener unas declaraciones que son más confiables atendido a la forma en que nos aportan los entrevistadores es un beneficio general para el proceso; sirve para proteger al niño, pero también a todos los intervinientes".
Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito.
En cuanto a los jóvenes de más de 14 años, estos podrán pedir no contar con esta figura, declarando directamente -y también en una dependencia acondicionada para ello- ante el juez presidente de la sala que conocerá su caso.
"Vamos a obtener unas declaraciones que son más confiables atendido a la forma en que nos aportan los entrevistadores. Es un beneficio general para el proceso; sirve para proteger al niño, pero también a todos los intervinientes", señaló por su parte el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, asegurando creer que hoy "la tendencia va por este tipo de institución jurídica, por este tipo de implementación".
Según informó el titular de Justicia, Hernán Larraín, al 30 de septiembre se contaba con 69, entrevistadores acreditados, siendo la mayoría del Ministerio Público (49).
"Se ha dado lugar a un proceso que va a proteger a los niños, les va a permitir que realmente puedan expresarse debidamente sin presiones, sin coacciones, sin miedo. Y por lo tanto no solo van a poder colaborar a la investigación penal para saber la verdad, sino también van a estar protegidos de daños de carácter psicológico u otra naturaleza que han existido en el pasado", recalcó Larraín.
Firma de convenio
Durante este martes, las máximas autoridades de los ministerios Público y de Justicia, además del Poder Judicial y ambas policías, firmaron un convenio de colaboración de uso de salas por parte de cada institución, dependiendo del personal e infraestructura disponible en la zona donde se encuentre al menor.
"Creo que la única forma de que las policías puedan avanzar en esto de la legitimidad social y profesionalismo es precisamente haciendo las cosas con mucho sentido de responsabilidad".
Director general de la PDI, Héctor Espinosa.
Tras el acuerdo, el director general de la PDI, Héctor Espinosa, aseguró que como institución "hemos querido colocar a la víctima en el centro de nuestras preocupaciones de forma de poder trabajar cada día más profesional y más cercano a la comunidad".
"Creo que la única forma de que las policías puedan avanzar en esto de la legitimidad social y profesionalismo es precisamente haciendo las cosas con mucho sentido de responsabilidad", concluyó.
En tanto, el general director de Carabineros, Mario Rozas, sostuvo que para la policía uniformada el tema es "muy relevante" y explicó que por el momento los entrevistadores capacitados dependen de la Dirección de Protección a la Familia –quienes harán las consultas sin uniforme-, pero que "no descartamos si es necesario ampliar este abanico de profesionales".
