SANTIAGO.- El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera negó este lunes el uso de "balines de acero" durante las manifestaciones que se registran en el país desde el pasado 18 de octubre y aseguró que ese tipo de munición no se encuentra en poder de sus fuerzas del orden.
Así lo indicó el encargado de Derechos Humanos y Migración del Ministerio del Interior, Mijail Bonito, durante una sesión especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Quito y convocada con el fin de abordar los hechos denunciados desde que se originó el estallido social en Chile.
Bonito, que se encargó de representar al Estado junto al embajador chileno ante la OEA, Hernán Salinas, indicó que "los carabineros no usan balines de acero" y que la munición "no está en las fuerzas del orden público en Chile".
Sin embargo, confirmó el uso de "perdigones de goma" pero, agregó, "sólo contra manifestantes violentos".
Frente a las graves acusaciones de violación de derechos humanos y de 197 heridos por trauma ocular, el Ejecutivo aseguró a la Comisión que enviará la información pertinente.
La CIDH, que sesiona en Quito, celebró este lunes una audiencia especial sobre los disturbios en Chile, desde el pasado 18 de octubre, los más graves desde el retorno a la democracia.
Bonito, que ofreció una detallada lista de las agresiones y destrozos de ciertos grupos violentos de manifestantes, pidió a los miembros de la Comisión salirse de la "grandilocuencia" de las denuncias y asumir el contexto que deben afrontar las fuerzas del orden en las manifestaciones.
"Dar un contexto no significa justificar alguna violación (en particular), significa darles la información necesaria para ser rigurosos en las opiniones que puedan existir, por eso estamos acá", manifestó.
Asimismo, habló de ataques contra "infraestructuras críticas", daños a la propiedad pública y privada, y de 1.300 heridos entre las fuerzas del orden, a su juicio, lo que refleja "una violencia sin parangón" y "no manifestaciones pacíficas".
Al mismo tiempo, aseguró que el Gobierno investigará cualquier denuncia y comportamiento improcedente por parte de las fuerzas del orden, y dijo que se han abierto unas "300 investigaciones sumarias" en Carabineros.
La audiencia estuvo marcada además por la exposición de la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien acusó al Gobierno de violar los derechos de los menores y enumeró los distintos casos por grupos de lesiones y violaciones presuntamente infligidas por la policía uniformada.
Según dijo, se han producido hasta ahora 174 casos, entre ellos 12 menores heridos por bala, 26 por perdigones y 55 por lesiones físicas.
En la reunión de este lunes también participó el representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, que habló de "vulneración del derecho a la manifestación pacífica", acoso y agresiones sexuales de parte de algunos agentes de las fuerzas del orden y "197 personas con trauma ocular" por uso excesivo de la fuerza.
La Comisión, que también escuchó las ponencias de al menos cinco ONG, criticó al Estado chileno por dilatar "19 meses" una visita de su relator, Luis Ernesto Vargas, quien lamentó que "una revisión con antelación hubiera evitado cosas" que están ocurriendo hoy.
Vargas también criticó la respuesta que la parte gubernamental ofreció en la sesión y que se centró en enumerar los severos daños causados por determinados grupos de manifestantes.
"Si importan más lo bienes materiales que la vida, que la integridad personal, pues ahí se marca una gran diferencia en torno a la visión que podamos tener de las cosas", adujo el relator país.
Finalmente, la Comisión consideró que la información ofrecida por ambas partes está marcada por "contrastes" que la CIDH deberá verificar cuando el secretario ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrão, visite Chile en los próximos días.
Cabe recordar que el Gobierno aceptó este lunes la visita de una delegación de la Comisión para evaluar en terreno la situación del país, después de recibir una petición de este organismo el viernes.
En ese sentido, Arosemena agradeció al Estado chileno "la confirmación de esta invitación" y dijo que será "una primera avanzada para evaluar juntos, con la sociedad civil también" lo que está ocurriendo.
Matizó el compromiso de la Comisión "de coadyuvar a este esfuerzo de la reconstrucción de esa paz y de la solidaridad" y "esa necesidad de seguir siendo Chile un ejemplo para el continente".
La Comisión llamó "a buscar juntos esa fortaleza que tiene el pueblo chileno, esa grandeza", porque la reclamación de derechos -indicó- "tiene que llenarlos de orgullo y de satisfacción" porque "la lucha por los derechos humanos es un compromiso de todos, autoridades y sociedad".
