A principios de noviembre un grupo transversal de diputados presentó un proyecto de ley que buscar obligar a los partidos políticos a incluir entre sus principios la
condena al uso, propagación o incitación a la violencia en todas sus formas. La iniciativa, además, establece que, de incumplirse la medida, el conglomerado en cuestión podría sufrir sanciones como el retiro de su calidad legal de partido político o que deje de recibir el financiamiento público que el Estado entrega a las colectividades. Los legisladores le solicitaron al ministro Segpres,
Felipe Ward, apoyo del Ejecutivo, lo que quedó de evaluar.
