La PSU más larga de la historia: El rol que han cumplido los cinco principales actores del proceso

Este martes concluyó la segunda rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) luego de que la primera fuera boicoteada por estudiantes secundarios, específicamente de la ACES, debido a su desacuerdo con el sistema de admisión por ser "segregador".

Ese sabotaje, la seguridad a cargo del Gobierno, el CRUCh como principal representante, el Demre como organizador y la ministra de Educación "ausente" fueron los principales actores del este largo proceso.

En un principio la PSU estaba presupuestada para el 18 y 19 de noviembre, sin embargo, debido a la crisis social que comenzó el 18 de octubre esta fue aplazada para el 2 y 3 de diciembre.

Debido a que las condiciones, según el Consejo de Rectores, aún no eran óptimas esta se cambió al 6 y 7 de enero. En esta ocasión el test sí se rindió pero no en su totalidad. Es por esto que los postulantes restantes, por decisión del CRUCh, rindieron una segunda PSU este lunes y martes.

Sin descartar la posibilidad de que exista una tercera realización, luego de que aproximadamente un 5% de los postulantes no pudiera rendir el test de Matemáticas y un 6% el de Lenguaje, Emol profundizó en el rol que han cumplido estas personas u organismos durante el proceso de la PSU más larga de la historia.

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, es una de las principales criticadas durante este proceso debido a su "ausencia". Para la primera rendición la autoridad no se mostró en los puntos de prensa ni tampoco dio su opinión respecto a la prueba.

Tras la realización de la prueba de Lenguaje, la cual era la primera en rendirse, el Gobierno dio una vocería en la cual no estuvo presente y según comentaron en el Ejecutivo, fue la propia Cubillos quien planteó que lo importante era que la prueba se hiciera con tranquilidad y que su figura más bien contribuía a polarizar el ambiente, por lo cual creía que no debía salir a hablar, siendo más conveniente que lo hicieran los subsecretarios.

Días más tarde, en conversación con Tele13 Radio, la ministra respondió a las críticas y sostuvo que "no he querido interferir en vocerías que las tienen que tener quienes son los responsables de este proceso" y aseguró que "acá ha sido una coordinación con los propios responsables de este proceso, en que también hemos estado de acuerdo como Ministerio en que las vocerías como todo lo lleven quienes estaban a cargo".

Respecto a su casi nula presencia en las sesiones del Consejo de Rectores, fueron varias autoridades, incluidos algunos integrantes de este, los que aclararon que si bien Cubillos es la presidenta del organismo, "desde hace ya muchos años las facultades principales están delegadas en el vicepresidente", en este caso, el rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle.

A pesar de no haberse pronunciado para la primera rendición, cuando el CRUCh decidió que las pruebas se volverían a realizar este 27 y 28 de enero, la titular de Educación sí se hizo parte y, aunque no estuvo presente en las vocerías, desde el Gobierno han señalado que sí participó en las reuniones.

"El Ministerio de Educación ha estado presente en todo este proceso, y tan presente ha estado que finalmente el hecho de que se haya podido rendir en términos altamente satisfactorios esta segunda PSU da cuenta de una coordinación que ha sido bien llevada adelante entre el CRUCh, el Demre, el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior", sostuvo el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas.

"Más allá de fijarse en quien está o no está presente creo que es importante también dar cuenta del ministerio como un todo y por cierto la ministra ha estado presente en las oportunidades correspondiente pudiendo llegar de alguna manera a este resultado", agregó.

Asimismo, en esta segunda etapa, Cubillos sí se mostró disponible a responder preguntas durante sus pautas y en esas oportunidades condenó la violencia. "Nosotros como Gobierno lo hemos dicho siempre, entre aquellos jóvenes que promovieron la violencia e impidieron que otros ejercieran su derecho, y los jóvenes que no pudieron ejercerlo, estamos del lado de aquellos jóvenes que fueron víctimas de esta violencia y sabotaje", señaló.

Gobierno a cargo de la seguridad

Para la rendición de la segunda PSU el Gobierno se hizo cargo, en coordinación con el Consejo de Rectores, de la seguridad de la prueba, sin embargo, el papel del Ejecutivo no comenzó de esta manera.

Distante era la relación que se mantenía entre el Gobierno y el Consejo de Rectores antes y durante la PSU del 6 y 7 de enero. Ante los anuncios de boicot de la ACES, se debían definir cuáles serían las medidas de resguardo y desde el Ejecutivo reconocieron, en esa instancia, que el tema en esa materia no era fácil, debido a que en un inicio tanto el Demre como el CRUCh habrían expresado sus reparos a un gran despliegue policial.

Tras la "funa", la culpabilidad pasaba de un actor a otro y fue el propio Valle quien aseguró que "efectivamente nosotros tenemos responsabilidad, el CRUCh, el Demre, pero está en el ámbito de nuestras competencias. Nuestra competencia no es la seguridad".

La ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, por parte del Ejecutivo dijo que "se hizo la coordinación mayor que le correspondía al Gobierno para poder resguardar el orden público y la seguridad afuera de los establecimientos, porque recordemos que dentro de los establecimientos la responsabilidad la tiene quienes organizan los procesos".

Sin embargo, el rechazo irrestricto al boicot perpetuado por la ACES fue algo que marcó al Ejecutivo y fue el propio Presidente Piñera quien sostuvo que "los violentistas serán juzgados y sancionados por la Justicia".

En esta línea, el Gobierno presentó ante la justicia querellas por los disturbios generados, en la cual se incluyó a ambos voceros de los estudiantes secundarios, Víctor Chanfreau y Ayelén Salgado.

El cambio en las relaciones se generó luego de que el CRUCh anunciara las medidas tomadas para solucionar la situación de aquellos jóvenes que se vieron impedidos de rendir la prueba. Al día siguiente del anuncio Gonzalo Blumel, ministro del Interior, reiteró el compromiso del Gobierno: "Vamos a hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para que la PSU pueda completarse de forma exitosa. No vamos a permitir que jóvenes violentos quieran conculcar el derecho que tiene la mayor parte de los jóvenes que quiere participar, que quiere ejercer su derecho y que quiere acceder a la Educación Superior y en consecuencia, vamos a realizar todas las coordinaciones y acciones que sean necesarias".

Asimismo, el Ejecutivo tomó el rol de dirigir la seguridad para la rendición de la segunda prueba, a través del Ministerio del Interior, con Carabineros. En este caso, se decidió que habría un doble anillo de seguridad alrededor de los locales y que la policía resguardaría las pruebas para evitar una nueva filtración.

Tras la rendición de la tres pruebas algunos han calificado esta estrategia como "exitosa" ya que sobre el 95% de las sedes pudo cumplir con la rendición y se evitó la filtración de tests.

El "cambio de tono" del Consejo de Rectores

Liderado por Aldo Valle, el Consejo de Rectores, se mostró, durante el proceso, contrario a cualquier seguridad fuera de lo establecido. Así, según dicen en el Ejecutivo, en un principio habría expresado sus reparos a un gran despliegue policial por la posibilidad de que aquello pudiera generar más enfrentamientos entre estudiantes y Carabineros. Posición que flexibilizaron tras los hechos ocurridos en el primer día de rendición.

Tras el fallo de la estrategia, Valle hizo un mea culpa y señaló en Radio Universo que "la autocrítica tiene que ver con no haber podido prever que un hecho asociado a un proceso de admisión se transforme en motivo de protesta social y (…) haber sido incapaces de prever eso, en un proceso que año tras año acontecía con un gran sentido cívico y muy buenos modales de quiénes intervenían. Esa es la principal autocrítica que me haría en lo personal".

Sin embargo, también criticó a la ministra Cubillos, a quien trató de "abstrusa", y al Gobierno. "Efectivamente nosotros tenemos responsabilidad, el CRUCh, el Demre, pero está en el ámbito de nuestras competencias. Nuestra competencia no es la seguridad, no es la inteligencia o que el país cuente con las condiciones sociopolíticas que este proceso requiere".

Respecto a las sedes y seguridad para una segunda PSU en reiteradas ocasiones Valle sostuvo que "nunca hemos considerado, hasta ahora, que sea necesaria la presencia de fuerza militar", mostrando así su contraria a un mayor control por parte de las Fuerzas Armadas o la policía.

Una vez que el Consejo decidió en sesión rendir de nuevo las pruebas y cancelar la de Historia, Valle sostuvo que esta última fue "la decisión más difícil".

Tras esa decisión y con la segunda prueba por delante el CRUCh aceptó la ayuda del Gobierno para llevar a cabo el proceso. En esa ocasión, el balance realizado por el CRUCh fue en un hotel del centro de Santiago, mientras que los de las pruebas hechas este lunes y martes tuvieron lugar en la Moneda junto a autoridades del Ejecutivo, dando cuenta del "cambio de tono" que existió entre ambas autoridades.

A pesar de no tener poder de decisión y ser el organismo que construye y analiza la PSU, el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) cumplió un rol vital en la primera parte de este proceso.

Para las pruebas del 6 y 7 de enero, antes y durante la rendición de ellas, Leonor Varas, directora del organismo, entregó constantemente información acerca de lo que estaba ocurriendo y se entrevistó en diversos medios. En esas instancias, la doctora en Ciencias de la Ingeniería opinó respecto a las manifestaciones, afirmando que eran "legítimas" pero condenando la violencia y acerca de los locales de rendición para la segunda rendición, donde señaló que "hay que barajarlos todos".

Sin embargo, esto cambió para la segunda rendición. A pesar de seguir entregando la información requerida, Varas se abstuvo de hablar y dio pie a los comunicados.

Así, el viernes antes de la rendición del test el organismo explicó cómo se llevaría a cabo el proceso, sin embargo Varas no aceptó preguntas de la prensa.

Víctor Chanfreau y Ayelén Salgado

La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) liderada durante este periodo por Víctor Chanfreau y Ayelén Salgado fue el organismo que llamó al boicot de la PSU debido a su carácter "segregador" y por responder a una "educación de mercado".

Así, el discurso que sostuvieron desde un principio, en el marco de la crisis social que vive el país, fue de "terminar con las injusticias". "Cuando me tocó asumir la vocería tenía un objetivo, acabar con las injusticias que vienen hace más de 40 años", sostuvo Chanfreau.

A pesar de ser duramente criticados por la gran mayoría de los políticos y todas las autoridades universitarias, la Mesa de Unidad Social, organización en la cual la ACES fue parte, pero se alejó por diferencias políticas, los apoyó en sus demandas. Por su parte, la Federación de Estudiantes de las Universidad de Chile (FECh) también solidarizó con los escolares.

Por su parte el Gobierno presentó una denuncia por Ley de Seguridad del Estado por el delito de "contemplado en el artículo 6, letra C de esa ley, por la incitación, la promoción, de la interrupción o afectación de un servicio de utilidad pública", explicó el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.

"En la denuncia que presentamos ante el Ministerio Público, que además fue acogida y ya el Ministerio Público ha decretado órdenes de investigar a Carabineros de Chile, justamente están los dirigentes de la ACES que incitaron y promovieron a la interrupción de la prueba", agregó

Ante esto, la ACES aseguró que la querella "no nos asusta" y que "#NoMasPSU no es violencia sino justicia". Respecto a la suspensión de la prueba de Historia, Salgado dijo que "que hoy día se haya cancelado la PSU de Historia no es un triunfo solamente para los estudiantes secundarios, sino para el pueblo en su conjunto".

En tanto, para el segundo test la organización de estudiantes secundarios volvió a llamar a las movilizaciones y a "funar" la prueba e incluso pidió ayuda a los examinadores. Sin embargo, según cifras del Gobierno esto no tuvo resultado, ya que menos del 2% no pudo ejercer su derecho. Esta cifra ha sido catalogada por la ACES como "mentirosa".