SANTIAGO.- Hasta el 4° Juzgado de Garantía de Santiago llegó un sexto imputado en el caso por presunta compra ilegal de fusil AK-47 para enfrentar cargos.
Así lo confirmaron desde la fiscalía Metropolitana Oriente, indicando que la audiencia de formalización comenzó a las 13:00 de este jueves, culminando con la prisión preventiva del indagado.
"Se ha formalizado por delitos establecidos en la Ley de Control Armas, y sobre la base de los antecedentes entregados la jueza estimó que existen suficientes antecedentes a esta altura procesal para los delitos que corresponde imputar. Además (el imputado) representa un peligro para la seguridad de la sociedad, por lo que ha quedado en prisión preventiva", señaló el persecutor oriente Andrés Iturra.
M.U.V. se convierte así en la sexta persona en ser objeto de imputación de cargos en el marco de la
indagatoria bajo reserva seguida por el Ministerio Público y la
Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico) de la PDI. El martes,
Iturra y la fiscal Lorena Parra formalizaron a cinco sujetos por porte y tenencia de armas y municiones.
"Los antecedentes de lo que pasó en audiencia están absolutamente reservados (...) hay antecedentes de investigación que son relevantes y desde esa perspectiva no hay mucho más que pueda entregar", señaló Iturra tras dicha cita.
Ya hoy, el fiscal dio un poco más de detalles, señalando que el martes se le imputó a uno de los indagados -que también quedó en prisión preventiva-, la posesión del arma en cuestión.
"Todos los imputados que por lo menos estaban siendo indagados en esta linea de investigación están formalizados y con medidas cautelares, ya sea prisión preventiva, arresto o firma", acotó.
En el caso se indaga la posible vinculación de la adquisición con los incidentes que podrían registrarse en marzo, según informó Radio Bío-Bío.
De acuerdo a dicho medio, para la investigación se llevaron a cabo interceptaciones telefónicas, producto de las cuales se constató la participación de dos personas en la transacción, los que señalaban la importancia de contar con armas para presuntamente abastecer a terceros durante el próximo mes.
Por el caso se decretó un plazo de investigación de 100 días.
