A 10 años del terremoto del 27 de febrero de 2010, se han presentado un total de 63 demandas indemnizatorias "por falta de servicio", debido a que las autoridades no dieron la alerta de maremoto. Las acciones judiciales son de familiares de parte de las 156 víctimas fatales del tsunami y de los 25 desaparecidos. Todas están dirigidas contra el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Producto de esto, se han desembolsado casi $6 mil millones en indemnizaciones: $2.669.056.698 en regiones y $3.242.500.000 en Santiago.
