En
prisión preventiva quedaron tres de los cuatros concejales de Iquique formalizados en las últimas horas por un
posible caso de corrupción al interior de municipio de dicha comuna.
Tras casi diez horas de audiencia, el Juzgado de Garantía de Iquique decretó la misma cautelar para otros dos funcionarios municipales, mientras que otros 10 indagados -entre estos el cuarto concejal-, quedaron con arresto domiciliario total.
La indagatoria llevada adelante por el Ministerio Público y la Brigada de Delitos Económicos de la PDI comenzó a mediados de 2018 con una denuncia y refiere a presuntas irregularidades en licitaciones relacionadas con la reposición del alumbrado público.
El fiscal jefe de Iquique a cargo del caso, Gonzalo Guerrero, señaló que a la fecha se han establecido diversas acciones ilícitas realizadas por parte de privados, quienes "concertados y con la ayuda de funcionarios públicos" de la municipalidad, lograban la adjudicación de licitaciones públicas para la provisión de bienes y servicios a través del ofrecimiento y pago de beneficios económicos a distintas personas, "afectando la transparencia, probidad e igualdad de oportunidades".
Dijo además que los gerentes o representantes de las empresas en cuestión -Itelecom y Elec- tomaban contacto con funcionarios municipales directamente o a través de intermediarios para conocer las bases de licitación y adecuar sus propuestas, elevando los costos de estas últimas, ofreciéndoles parte de estos sobreprecios a los trabajadores públicos.
De acuerdo al ente persecutor, se coordinó un aumento de los valores por $500 millones a fin de financiar el pago de los sobornos respectivos.
$500Millones habría sido el monto total por el que se aumentaron los valores de las propuestas.
En el caso de los concejales, el tribunal decretó además la prohibición de participar de sesiones del concejo municipal en que se discutan o se requiera de su intervención para la adjudicación proyectos públicos o cualquier intervención en que discutan fondos públicos.
La indagatoria contra la empresa Itelecom se sigue también en la región del Ñuble y Valparaíso. En la primera se detuvo al juez de policía local de Pemuco, al administrador municipal de Chillán y al dueño de la empresa, mientras que en la segunda se llevaron a cabo diligencias en la municipalidad de Putaendo.
