El Juzgado de Garantía de Villa Alemana acogió parcialmente las peticiones realizadas previo a la formalización del único imputado en la muerte de Ámbar Cornejo, Hugo Bustamante, y excluyó al Servicio Nacional de Menores (Sename) y la municipalidad de Villa Alemana. En contra parte, se mantuvo la participación de la Intendencia regional.
Fueron la Defensoría Penal Pública (DPP) y la Defensoría de la Niñez las que cuestionaron la participación activa de las instituciones. Por ello, dedujeron reposición contra resoluciones que declararon admisibles querellas de ambas entidades ya que estos estarían excediendo sus atribuciones legales.
La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, recalcó que el crimen de Ámbar ocurrió en un domicilio particular, "razón por la cual este servicio (Sename) no tiene legitimación activa para presentarse en este caso". "Tanto es así", agregó, que el servicio se enteró del deceso a través de Tribunales de Familia, según quedó constatado en un oficio.
"Ni siquiera estaban en condiciones de conocer cuál era la situación de la niña toda vez que se enteran como servicio del fallecimiento de esta por parte del tribunal de Familia, lo que solo revela una vez más que la intervención ni siquiera existía y por lo tanto sus facultades están tratando de ser excedidas con creces, vulnerando lo que procesalmente se exige", detalló Muñoz.
El Sename, en tanto, aludió a normas y convenciones internacionales sobre la promoción de los derechos del niño que justificaban su participación.
Ante ello, la magistrada Daniela Rodríguez acogió la exclusión del servicio, indicando que "hay que considerar que en el decreto ley 2.465 se establece el contexto que deben regir las leyes del Sename, misión y objetivos, y entre ellos se establece la posibilidad de presentar querellas".
Y agregó: "La situación de la menor que nos convoca como víctima no parece ajustarse a ninguno de esos elementos expuestos. Si bien estaba sujeto a un programa de orden proteccional, el delito no es cometido en ningún contexto proteccional y teniendo en consideración que al momento de los hechos la menor no se encontraba asistiendo al programa".
Intendencia y municipalidad
En cuanto a la situación de la Intendencia, la defensora de la Niñez argumentó que la causal invocada no aplica.
"Este organismo imputa para efectos de dar cuenta de su legitimación, la ley orgánica constitucional sobre Gobierno y administración regional y el decreto con fuerza de ley que organiza a las secretarías de Estado. Pero ninguna de estas normas le da potestades expresas a la Intendencia para poder intervenir en el caso de esta causa", explicó Muñoz
Dijo que la intendencia se justificó aludiendo a la norma que indica que podrán deducir querella "cuando el o los hechos que revistan caracteres de delito hubieran alterado el orden público", pero que estas alteraciones no ocurrieron ya que el delito fue dentro de un domicilio. Por su parte, desde la entidad aludida argumentaron que el hecho gatilló manifestaciones en Villa Alemana.
Aquello fue desestimado por el tribunal, que consideró que la normativa vigente le permite a esta participar como querellante.
En tanto, el defensor Dagoberto Pastén defendió que la municipalidad de Villa Alemana tampoco podría participar ya que "no se dan hipótesis para que unidad jurídica que defienda al alcalde" en favor de la comunidad.
La petición también fue acogida por la magistrada, quien indicó, entre otras cosas, que la obligación de denunciar que le recae a la autoridad no implica el asumir la representación de los intereses del afectado.
Tras ocho días de búsqueda, las diligencias llevadas a cabo por el Ministerio Público y la PDI permitieron encontrar el jueves de la semana pasada los restos de la joven. Estaban enterrados en la propiedad de Bustamante, quien mantenía una relación sentimental con la madre de la víctima y cuyo nombre es conocido entre los habitantes de la zona, ya que previamente había sido condenado por un doble homicidio. Esta jornada se formalizará al indagado.
