Atentado a camión en La Araucanía (foto referencial)
El Mercurio
La
Multigremial Nacional -que reúne a gremios y a miembros de la sociedad civil- emitió esta tarde un comunicado a raíz del atentado incendiario a un caminón, ocurrido anoche en La Araucanía, que dejó a una menor de 9 años con heridas de perdigón y actualmente internada en el Hospital de Temuco.
Ante ello, manifestaron su rechazo a "
la violencia incesante de grupos terroristas en la macrozona sur del país. A pesar de incesantes llamados a las autoridades y Poderes del Estado no hemos visto resultado y tememos que se pierda una nueva vida inocente".
Por eso, reiteraron el llamado al Gobierno -a través del Ministerio del Interior- "para hacer valer la Constitución en esa zona del país y poner freno inmediato a estos actos fuera de la ley, que siembran el terror y atentan contra la integridad y seguridad de nuestros compatriotas".
"Como gremios y miembros de la sociedad civil, exigimos acabar con esta nefasta situación de terror y esperamos que al haber una niña de 9 años baleada en el hospital los tres poderes del Estado dejen de mirar hacia el lado como si nada pasara", indicaron.
Por último, exigieron al Senado y la Cámara de Diputadas y Diptuados, legislar de manera inmediata en 12 leyes "para evitar una escalada de violencia en Chile". Estas son: Ley de Modernización de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones; Ley de Modernización del Sistema de Inteligencia; Ley que modifica Código Penal para permitir utilización de técnicas especiales relacionadas a conductas terroristas; Ley que introduce mejoras a la persecución del narcotráfico; Ley que fortalece fiscalización y persecución de delitos de robo y hurto de madera.
También incluyen: El proyecto que regula el Estado de Alerta para prevenir daños a infraestructura crítica; Modificación de la Ley sobre Control de Armas; Ley de Especialización de Policías; La denominada Ley anti encapuchados; Ley que establece Estatuto de Protección a Carabineros, PDI y Gendarmería; Código Penal para aumentar penas de usurpación de inmuebles o derechos reales, y Ley de reparación total de las víctimas de delitos de violencia rural, como lo establece informe de
la mesa asesora presidencial liderada por Obispo Vargas.
