Katherine Martorell, subsecretaria de Prevención del Delito.
Aton
La adquisición de 300 cámaras corporales para Carabineros por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que tuvo un costo de $378 millones, ahora es foco de una investigación del fiscal de la jurisdicción Centro Norte, Francisco Ledezma, que busca determinar si hubo irregularidades en la licitación, como lo asegura el querellante, en este caso Pegasus, uno de los otros siete referentes que no ganó el proceso. El fiscal ya encargó las primeras diligencias a la PDI y ya ofició a Chilecompras para que entregue detalles del concurso. También se inició la revisión de los teléfonos celulares de los funcionarios de dicha repartición, que fueron incautados en una diligencia voluntaria realizada la semana pasada en las oficinas de la subsecretaría. Además, funcionarios de la PDI y la fiscalía requisaron cinco equipos computacionales para hacer una copia forense de sus memorias. La subsecreataria Katherine Martorell destacó que la diligencia se realizó de forma "voluntaria" y espera que "se establezca la verdad lo más pronto posible".
