El Consejo de Defensa del Estado (CDE) acordó presentar una segunda ampliación de la querella que interpuso en el marco de la investigación penal por los delitos de fraude al fisco, cohecho y soborno en perjuicio de la Municipalidad de Tierra Amarilla, en el contexto del convenio suscrito entre el municipio y la minera Candelaria, en 2015.
La ampliación de la querella es en contra de tres funcionarios municipales por su eventual participación en el delito de cohecho pasivo; y también apunta Jaime Mulet y a otros dos abogados imputándoles la calidad de supuestos copartícipes en dicho ilícito, como asesores de la municipalidad en esa época, informa "El Diario de Atacama". También se le atribuye responsabilidad a un abogado de la compañía minera por el delito de cohecho activo o soborno.
El CDE presentó la querella en 2019, y en mayo de 2020 ya la había ampliado en contra del suspendido alcalde Osvaldo Delgado, por los delitos de fraude al fisco, cohecho y soborno.
De acuerdo al medio de comunicación, en 2012 el alcalde había recibido apoyo de Jaime Mulet en su campaña, iniciándose una alianza entre ambos.
Ese año hubo un primer acercamiento entre los abogados asesores del municipio con la minera Candelaria. Según la querella del CDE, en esa ocasión "se planteó por parte del municipio la existencia de daños ambientales en la comuna causados por la empresa CCM Candelaria, con el propósito de llegar a un acuerdo económico para evitar una demanda por los daños ambientales", solicitud que primeramente habría sido rechazada por la minera.
En 2013, el alcalde Osvaldo Delgado junto al abogado Jaime Mulet anunciaron la interposición de una demanda en el Tribunal Ambiental por el daño causado por la minera. Pero en agosto de 2014 la abandonó.
El medio agrega que los abogados que representaban al municipio programaron una nueva reunión para diciembre de 2014 entre el municipio y la minera, a la que asistió el alcalde Osvaldo Delgado, el administrador municipal y cuatro abogados, incluyendo a Mulet.
Finalmente, se llegó a un convenio de cooperación que contemplaba el financiamiento de proyectos en beneficio de la comunidad por un monto de 16,5 millones de dólares, y la minera destinaría el 45% de su presupuesto comunitario anual para la comuna de Tierra Amarilla por diez años. Además, hubo un acuerdo de transacción por la suma de 4 millones de dólares que salieron de la cuenta corriente de la compañía. Con este convenio el municipio debía renunciar a presentar acciones judiciales que pudiesen perjudicar a la minera.
Según la querella del CDE, "se efectuaron diversas conductas destinadas forzar una negociación con la minera, y ésta, a sabiendas del daño ambiental ocasionado y que las acciones ejercidas por el municipio podrían obstaculizar su proyecto de continuidad de explotación minera, negoció una transacción que significó el pago indebido de dineros al municipio bajo condición suspensiva de obtener la aprobación de su proyecto y el reconocimiento de que no existió daño ambiental causado por ella".
Agrega que "ni los representantes del municipio ni sus abogados ni tampoco la minera se preocuparon de reparar el daño ambiental efectivamente causado en la comuna de Tierra Amarilla, daños que siguen existiendo".
Mulet: "Llevan más de tres años investigando y nunca encontrarán nada"
El abogado Jaime Mulet, quien ahora es diputado de la Federación Regionalista Verde Social, confirmó que él buscó a los abogados que llevarían el caso de la municipalidad con la minera Candelaria.
"Desde 2007 que comencé a hablar con el abogado Ramón Briones para enfrentar los abusos ambientales de Candelaria, compañía que estaba dañando severamente a Tierra Amarilla, y durante 2013 les recomendé al prestigioso estudio Bosselin y Briones al alcalde de Tierra Amarilla para que se inicie acciones contra la compañía minera", señaló a "El Diario de Atacama".
Consultado si recibió dinero por las acciones judiciales interpuestas, sostuvo que "nunca he recibido dinero alguno ni yo ni personas cercanas a mí por ese caso ni por otros, ni de la Municipalidad de Tierra Amarilla ni de la compañía Minera". Agregó que "llevan más de tres años investigando y nunca encontrarán nada porque no he recibido pago alguno".
Respecto de la ampliación de la querella por parte del CDE, señaló que "hay quienes creen que quieren empatar el caso Longueira y Ossandón".