Una serie de déficits en el Sistema Penal Adolescente constató el estudio realizado por la Defensoría Penal Pública (DPP) y Unicef a más de una década del inicio de la implementación de la Ley 20.084, sobre Responsabilidad Penal Adolescente,
Entre las principales conclusiones se encuentra la falta de especialización de los actores del sistema, el excesivo uso de la internación provisoria y la ausencia de unificación de condenas, lo que trae como consecuencia que los adolescentes deban cumplir en forma paralela y, en ocasiones consecutiva, más de una sanción.
Se consignó además que entre 2008 y 2018 el número de causas penales con participación de adolescentes bajó en un 36,8%, precisando que esta disminución se produce incluso controlando el efecto demográfico, ya que la población menor de 18 años disminuyó en un 15,4% en el periodo.
Ante ello, el representante de Unicef, Paolo Mefalopulos, recordó que el principal objetivo de la ley en cuestión es la rehabilitación y reinserción de los y las adolescentes que han infringido la ley penal, acotando que, si bien normativa representó un avance, hoy es necesario promover modificaciones.
"El presente estudio ofrece información que permite identificar los diferentes ámbitos de mejora, y vemos que algunos son asumidos por el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y en otros se puede avanzar sin necesidad de cambios legislativos", puntualizó.
"En vez de intervenir y prevenir su involucramiento en hechos delictivos, el sistema de justicia penal termina ‘recibiéndolos’ y tratando de reinsertar a muchas personas que nunca han sido parte de la sociedad, porque se les ha excluido desde muy temprana edad".
Defensor nacional, Andrés Mahnke.
El Defensor Nacional, Andrés Mahnke, en tanto, lamentó la "doble vulnerabilidad" a la cual están expuestos los menores de edad: "Resulta paradójico que, al cometer una infracción penal, ese niño, niña o adolescente deje de ser un sujeto de derecho merecedor de especial protección".
Mahnke recalcó que en el ámbito de la justicia juvenil son varios los adolescentes con un historial de privación sociocultural, maltrato o abuso, consumo de drogas y alcohol, deserción escolar, falta de un adulto o cuidado.
"En vez de intervenir y prevenir su involucramiento en hechos delictivos, el sistema de justicia penal termina 'recibiéndolos’' y tratando de reinsertar a muchas personas que nunca han sido parte de la sociedad, porque se les ha excluido desde muy temprana edad", cerró.
Resultados
Entre las conclusiones destaca la falta de especialización de los actores que intervienen en el sistema de justicia penal de adolescentes, detallando brechas importantes a nivel normativo e institucional. Identifica a la DPP como la institución con el mayor nivel de especialización en la materia, por sobre el Ministerio Público y el Poder Judicial.
En el ámbito normativo, identifica el uso excesivo de la medida cautelar de internación provisoria, la que actualmente ya se equipara con la prisión preventiva que se le aplica a los imputados mayores de 18 años. Si hoy, detalló la DPP, hay 170 imputados adolescentes por cada 100 mil habitantes, en la población imputada adulta la relación es de 189 personas en prisión preventiva por cada 100 mil.
70%De los adolescentes en internación entre 2008 y 2018 por más de seis meses no recibieron sanción de privación de libertad.
A ello se suma que, en promedio, entre 2008 a 2018, un 12,9% de los adolescentes estuvieron seis o más meses en internación provisoria y que cerca del 70% de ellos no recibió una sanción de privación de libertad.
Respecto a la situación de vida de los y las adolescentes, se identifica que la tasa de imputados por comuna varía en función del nivel de escolaridad completado por los adultos, el nivel de pobreza expresado en las carencias materiales de la vivienda y la presencia de establecimientos educacionales con un rendimiento medio en el SIMCE.
