El ministro del Interior, Víctor Pérez, descartó cualquier doble intención tras los procesos sanitarios que este fin de semana se iniciaron contra los diputados Loreto Carvajal y Gabriel Silber por pasar los controles sanitarios en la región del Ñuble durante la celebración de Fiestas Patrias sin la documentación correspondiente.
Fue la intendencia regional la que anunció un principio la acción contra la parlamentaria, señalando que esta vulneró el control sur. A las horas, la Seremi de Salud anunció la misma medida para su pareja, el diputado Silber, aludiendo a la falta de justificación para el desplazamiento.
Ya a las horas el representante DC se defendió, asegurando tener residencia en la región del Biobío, que su viaje era a aquel inmueble y que en todo momento presentó la documentación necesaria. Cuestionó, en conversación con Radio Universo, que pese a ello se anunciara el inicio de un sumario en su contra: "Yo entro a dudar de la imparcialidad, independencia de la autoridades de la región de Ñuble".
Ante ello, Pérez rechazó cualquier intento de afectación o incluso persecución política en el caso: "Yo quiero desmentir eso. Hablé con el intendente de la región del Ñuble, Martín Arrau, con las autoridades sanitarias, y lo que hubo fue un control sanitario que todos los chilenos tenemos que cumplir".
"Cualquiera de nosotros, cualquiera sea su investidura, si va a una región que tiene cuarentena tiene que pasar por una aduana sanitaria y fiscalizarse. Para eso están los funcionarios de Salud, Carabineros, FF.A.A., y hay que respetar esa instancia de fiscalización", puntualizó.
Y recalcó: "Nadie, absolutamente nadie, puede abstraerse de esa obligación".
Formalización de Raúl Guzmán
Misma idea repitió el secretario de Estado para referirse al caso del secretario del Senado y ex fiscal regional, Raúl Gúzman, quien será formalizado junto a otras cinco personas por asistir a un restaurante en la comuna de San Miguel, cuando esta seguía en cuarentena.
La persecutora regional de Biobío, Marcela Cartagena, solicitó ayer al 11° Juzgado de Garantía de Santiago audiencia para imputar al grupo el delito que sanciona a quienes pongan en riesgo la salud pública.
Sobre el proceso, Pérez acotó: "Ese es un procedimiento judicial, un procedimiento que está llevando a cabo la fiscalía y en el cumplimiento de las normas nadie puede estar exento, así que por lo tanto nosotros observamos ese procedimiento como tantos otros que parten por denuncia del cumplimiento de normas sanitarias, y por lo tanto hay que estar atento al transcurso de ese procedimiento y esperar el resultado".
A la formalización, Guzmán suma una multa de $2,5 millones por parte de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, sanción que también se determinó para los dos acompañantes del abogado: el fiscal y el abogado asesor.
