La Contraloría General de la República denunció un presunto caso de
fraude al fisco en la Intendencia de Coquimbo, liderada por Lucía Pinto, tras la adquisición de unos terrenos por
$9.800 millones para la construcción de un recinto deportivo.
El ente fiscalizador señaló haber rechazado en cuatro oportunidades el contrato de compra -vía trato directo- del terreno, suscrito entre el Gobierno Regional (GORE) y la Inmobiliaria Guayacán Spa y otras.
En ese sentido, estableció que "el GORE incumplió la norma que se aplica para este tipo de compras, al no justificar debidamente por qué se había recurrido al trato directo". Producto de esto, el Ministerio Público abrió una investigación.
"El organismo de control no tuvo a la vista evidencia suficiente que justificara que el precio fijado en el contrato, $9.800.000.000, correspondiera a su justo valor, ya que el GORE de Coquimbo aportó documentos, especialmente tasaciones comerciales de los terrenos, con valores sustancialmente diferentes", agregó la Contraloría.
Los precios inicialmente conocidos ascendían a aproximadamente $4.000 millones, por lo que hay $5.800 millones que no tendrían justificación, según el organismo.
"De hecho, la Contraloría detectó que el monto pagado por los terrenos es superior al precio por metro cuadrado ofertado por el vendedor en la carta de intención de venta, el 22 de enero de 2019. Además, el valor de la UF considerado corresponde al 4 y 5 de febrero de 2020, posterior a la firma del contrato", complementó.
Por otra parte, el fiscalizador advirtió que los recursos previstos en el presupuesto del GORE para este ítem, $8.215.104.000 para este año, no son suficientes para para solventar el valor del contrato.
Además, la Contraloría denunció que el terreno fue inscrito en el Conservador de Bienes y Raíces a nombre del Gobierno Regional y pagó a la Inmobiliaria Guayacán SpAy otros, 9.800.000.000 sin que la Contraloría haya visado la legalidad del contrato de compra.
"El prescindir del control jurídico de la Contraloría implica una infracción al principio de irretroactividad y una falta de cuidado o diligencia en el resguardo de los recursos públicos. Por lo anterior, la Contraloría instruyó la realización de un sumario para determinar las responsabilidades administrativas por las irregularidades detectadas en el proceso", sostuvo el ente.
