La actual legislación contra delitos informáticos, como el ocurrido la con el hackeo de claves únicas que sufrió la página de Gobierno Digital, establece una pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, lo que podría ser hasta 818 días de cárcel efectiva. La ley se está reformando en el Congreso y se está discutiendo una agravante para cuando afecte infraestructura crítica, lo que elevaría la pena a presidio menor en su grado medio a máximo.
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"El Mercurio".