Un nuevo conflicto se sumó en el caso que llevó al ministro de Salud, Enrique Paris, y la fiscalía Centro Norte a la Corte Suprema a raíz de la indagatoria por presuntas deficiencias detectadas en la forma de contabilizar al número de personas fallecidas durante la pandemia.
El jueves de la semana pasada, el máximo tribunal resolvió acoger parcialmente la petición del Ministerio Público, señalando que la cartera deberá entregar los correos electrónicos que contengan información que refiera solo a los hechos delictivos denunciados. De esta forma, no se entregarían los mensajes que referían a la seguridad nacional, lo cual, según se manifestó en los escritos, constituía la principal preocupación para el Gobierno.
Sin embargo, la resolución de la Suprema dejó cabos sueltos. El mismo jueves surgieron dudas entorno a la fórmula que se aplicaría para filtrar los correos correspondientes al ex jefe del Ministerio de Salud (Minsal) Jaime Mañalich, su ex jefa de gabinete Iziar Linazasoro, y la actual subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.
Ese día el ministro Paris indicó que "cuando nosotros recibamos el listado de correos relacionado con la causa lo entregaremos tal como lo hemos dicho siempre", mientras que la defensa de Mañalich, el abogado Gabriel Zaliasnik, dijo a Emol que el tema "no está resuelto, pero yo confío en la prudencia del fiscal Xavier Armendariz y su equipo", apostando en llegar en un acuerdo entre ambas partes. Aquello, sin embargo, no ocurrió.
Esto ya que el ministro Paris ingresó a la Suprema un nuevo recurso, donde pide dejar sin efecto la fórmula que zanjó el viernes de la semana pasada el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago Patricio Álvarez.
De acuerdo al escrito de Paris, lo resuelto por dicho tribunal "no guarda correspondencia con lo resuelto" el jueves por la Suprema, ya que a su juicio "nuevamente autorizar el acceso total a los correos originalmente requeridos, sin exigir al Ministerio Público determinar y precisar cuáles de esos correos están vinculados únicamente a la comprobación de los hechos delictivos denunciados".
"Ruego se sirva dejar sin efecto lo resuelto por el 7 º JGS, con fecha 16 de octubre, supuestamente cumpliendo la decisión de S.S.E., de fecha 15 de octubre, pero incurriendo en manifiesta contravención a lo resuelto, al momento de ejecutarla, ordenando en su reemplazo, la forma en la cual deberá realizarse la incautación de correos vinculados únicamente a la comprobación de los hechos denunciados, excluyendo aquellos que afectan la seguridad nacional, en las materias ya referidas en esta presentación", se lee en la petición de Paris.
En esa línea, pidió además a la Suprema decretar una orden de no innovar -la cual funciona mientras se resuelve el conflicto-, "consistente en la suspensión de la autorización otorgada" por el tribunal de Garantía "para la realización de la diligencia de entrada, registro e incautación de la TOTALIDAD de los correos electrónicos ya referidos, en dependencias del Ministerio de Salud y la empresa Entel".
Aclaración de Paris
Sobre el tema se refirió hoy el ministro Paris durante el balance de los casos asociados a la pandemia, instancia en la que negó haber pedido dejar sin efecto la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, sino que solo aclarar la información a entregar.
"No es real. Lo que yo solicité hoy día en la mañana muy temprano, antes de las 07:00 de la mañana, es que se clarifique o especifique con la máxima claridad posible las preguntas o los correos electrónicos que debo entregar", manifestó.
"En el fondo se llegó a pedir en forma masiva lo mismo que la Corte Suprema dijo que no, que tenía que ser muy específicamente aclarada las preguntas o los correos que hay que entregar. Como eso no llegó así, nosotros solicitamos obviamente que se aclare cuáles son los correos que se tienen que entrega".
Ministro Enrique Paris.
Y agregó: "En el fondo se llegó a pedir en forma masiva lo mismo que la Corte Suprema dijo que no, que tenía que ser muy específicamente aclarada las preguntas o los correos que hay que entregar. Como eso no llegó así, nosotros solicitamos obviamente que se aclare cuáles son los correos que se tienen que entregar o cuáles son los documentos que nosotros tenemos que entregar y obviamente que así lo haremos, porque nosotros cumplimos con la justicia y con lo que prometemos".
En esa línea recalcó una crítica que minutos antes había hecho al Ministerio Público en torno a la falta de persecución penal respecto aquellas personas que convocaron manifestaciones sin que se cumplan los resguardos sanitarios necesarios para el aniversario del 18 de octubre.
"Obviamente que le respondemos a los fiscales, los fiscales pueden entrar al Ministerio de Salud, sin embargo no van a la Plaza Italia", cerró.
La cuestionada fórmula
El viernes de la semana pasada el juez Álvarez confirmó la fórmula planteada por el Ministerio Público y que garantizaba una depuración por parte de la autoridad del Ministerio de Salud (Minsal),
Según se lee en la resolución, el ente persecutor podía obtener, a través de la PDI y bajo la supervisión del fiscal del caso, una copia "A" y "B" de la totalidad de los correos electrónicos en cuestión.
El ente persecutor, se lee en la resolución, debería conservar la copia "A" en calidad de "comunicaciones retenidas (...) bajo cadena de custodia y sin poder acceder a ella"; mientras que la copia "B" sería entregada a Paris, quien en un plazo de tres días debía singularizar las comunicaciones electrónicas a entregar.
Posteriormente la fiscalía revisaría los documentos filtrados por Paris "a efectos de constatar la pretendida conformidad con la decisión del máximo tribunal", para que luego detectives de la PDI, supervisados por el persecutor a cargo, extrajeran desde la copia "A" las comunicaciones que cumplan con lo establecido por la Suprema.
De esta forma, la fiscalía Centro Norte solo podía acceder a revisar la copia depurada por el ministro, quedando el resto fuera de su alcance.
