Con escepticismo se tomaron los
alcaldes de Iquique y Colchane la nueva Ley de Migración que fue aprobada ayer por el Congreso tras 8 años de tramitación.
El cuerpo legal establece en uno de sus artículos que
quienes hayan ingresado al país antes del 18 de marzo de este año por un paso habilitado podrán regularizar su situación de residencia. Mientras que las personas que hayan entrado a Chile por un paso no habilitado, deberán salir y solicitar el permiso en su país de residencia.
Entre las medidas que considera está que los extranjeros solicitantes de refugio que no les fuese reconocida tal calidad, podrán optar a protección complementaria de oficio o a petición de parte por la autoridad.
"La ley en este minuto no resuelve el problema migratorio. No se va a resolver el problema que está viviendo actualmente la región de Tarapacá. Acá se juega con las palabras, pero la presión que existe en la frontera no lo va a resolver la ley", son las dudas que manifiesta el
alcalde de Iquique, Mauricio Soria.
Su par de
Colchane, Javier García, expresó que duda de la efectividad de la nueva ley de migraciones: "Una buena ley se mide por su capacidad de solucionar un conflicto para el cual se le invoca su creación. En este sentido
me parece iluso pensar que los miles de emigrantes que ingresan a diario por Colchane quieran regresar voluntariamente a un lugar donde acusan mueren de hambre. Tengo dudas de su aplicación y que se pueda dar cumplimiento", argumentó.
Por su parte, el
Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), señaló que "creemos que esto constituye un paso importante en la adecuación de una regulación ya insuficiente. Confiamos en que la nueva institucionalidad migratoria, el Servicio Nacional de Migraciones, sumado a la existencia de un Consejo de Política Migratoria, sean herramientas que permitan entregar una respuesta oportuna y eficaz a los requerimientos de la población migrante y sobre todo permitan adoptar decisiones que recojan la realidad que vive el país y la región".
Sin embargo, hicieron presente "que nos preocupa también la forma en que se regularon algunos temas y la aplicación que se pueda dar a ciertas disposiciones, entre ellas, las que se refieren a quienes ingresan por pasos no habilitados; a la protección de niños, niñas y adolescentes; o a la falta de mecanismos efectivos de regularización dentro del país".
Agregan que "algunas medidas administrativas tomadas estos años han repercutido en aumento sostenido de ingresos por paso no habilitado, tanto así que los últimos tres años concentran el 60% del total de la última década. Esta es una realidad de la que hay que hacerse cargo. Extraño además resulta que quienes estén con su situación migratoria al día, aportando impuestos al Estado desde el día uno, sólo puedan acceder a ciertos beneficios una vez que lleven 24 meses en el país".
Y cerraron con que "la Ley de Migración es un paso, pero el gran desafío es la implementación de esta nueva política pública por parte de todos los actores involucrados. La nueva Ley entrega flexibilidad al Gobierno para definir su propia política migratoria, lo que permite adecuarse a distintos contextos. Si bien la migración es una realidad dinámica, se requiere una política de Estado con mirada a largo plazo, ya que de nada sirve que las medidas sean tomadas de modo arbitrario".
