Los dichos del canciller
Andrés Allamand, quien señaló que en Chile "ha habido violación a los derechos de las personas" de parte de Carabineros durante el estallido social tuvieron respuesta desde el Gobierno.
Fue el ministro del Interior,
Rodrigo Delgado, quien salió al paso de las palabras de su par de Relaciones Exteriores.
"Hay diversos informes, incluso internacionales de organismos importantes y también lo ha dicho el Gobierno, en Chile a partir del estallido social no ha existido una política sistemática de violación de los derechos humanos", sostuvo el jefe de Gabinete.
Agregó que "lo que tenemos son denuncias que se están investigando,que tanto el Gobierno como las mismas policías, en este caso Carabineros, han puesto a disposición todos los antecedentes para que pueda llegar a esclarecerse".
Asimismo, apuntó que "si hay hechos puntuales, hechos que están siendo investigados, vamos a ser respetuosos de aquellas responsabilidades que ocurran, pero como política sistemática de DD.HH. ha sido descartado".
Hoy, en entrevista con la agencia internacional EFE, Allamand señaló que "el Gobierno acogió todas las misiones, de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y varias organizaciones. El proceso, donde efectivamente se incurrió en violaciones o transgresiones a los derechos de las personas por parte de las fuerzas policiales, fue objeto de un escrutinio amplio y abierto a organizaciones (de derechos humanos) internas e internacionales".
Al canciller se le consultó si ha habido "transgresiones" de parte de la policía, ante lo cual respondió: "Sí, se han abordado en la forma que he señalado, pero nunca ha existido ni de parte del Estado ni del Gobierno ni de los cuerpos policiales una suerte de planificación organizada".
Además comentó que "no ha habido margen alguno para la impunidad: cada vez que se ha evidenciado que ha habido una transgresión, se han adoptado inmediatamente las sanciones administrativas y se han abierto los procesos judiciales para sancionar con el rigor de la ley a los culpables. Esa ha sido la reacción del Gobierno. Quiero señalar de forma muy categórica que, si bien han existido estas transgresiones a los derechos de las personas, bajo ninguna circunstancia esto ha sido una suerte de política institucional".
