La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección presentado por una mujer de 64 años, a quien la administración del edificio donde reside, interrumpió el servicio de energía por adeudar gastos comunes, pese a conocer su condición de electrodependiente. El tribunal de alzada señaló que la decisión "carece de absoluta racionalidad" y que independientemente que los cortes de luz hayan sido intermitentes durante algunos días del mes de julio y hayan luego cesado, se trataba de una "actuación arbitraria que amenaza su indispensable conexión al aparato eléctrico que le da soporte a su vida e integridad física y psíquica".
