SANTIAGO.- Un intenso debate se ha generado en los últimos días el proyecto de ley que busca indultar a quienes fueron detenidos en el marco de protestas a raíz del estallido social.
La iniciativa, impulsada por los senadores
Adriana Muñoz (PPD),
Juan Ignacio Latorre (RD),
Isabel Allende (PS),
Yasna Provoste (DC) y
Alejandro Navarro (PRO), ha provocado posturas a favor y en contra, teniendo entre sus principales detractores al Gobierno.
"No hay ningún argumento que haga pensar que una persona que cometió un delito determinado, aquí estamos hablando de personas que lanzaron molotov, que atentaron contra la propiedad pública y privada de manera bastante grave e importante, no hay ninguna razón para pensar que esas personas sean homologables con una categoría de preso político, en donde una persona es detenida por decir lo que piensa", argumentó el pasado jueves el titular del Interior,
Rodrigo Delgado.
Posturas
La posición del Gobierno ha sido compartida también por otros actores, así el viernes pasado el director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, señaló a Deutsche Welle, que "no creo que existan en Chile presos políticos", añadiendo que "hay que tener mucho cuidado con los conceptos. Presos políticos son esencialmente presos de conciencia, que son perseguidos por sus ideas, por sus opiniones, por simplemente tratar de promover una idea diferente de la oficial".
Según Vivanco, "a las violaciones de los DD.HH. que se cometieron por parte de policías y los delitos cometidos por parte de grupos violentos, que han utilizado esta situación de reclamo justo y pacífico para cometer delitos, que deben ser investigados con pleno respeto a las garantías procesales".
Por su parte, el defensor nacional, Andrés Mahnke, comentó ayer en El Mercurio que "los presos del estallido están vinculados a determinados hechos ilícitos que se les han imputado y que dicen relación no con una persecución política, sino con una persecución penal".
En base a los 72.350 casos que atendieron entre el 18 de octubre y diciembre del 2019, el defensor calcula que solo tres serían sujeto de indulto, los cuales acotó "no tienen nada que ver con una dimensión política".
Asimismo, en su columna pública ayer también en el diario, el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, expresó que el proyecto de los senadores, "esgrime razones que son inaceptables en una democracia e incompatibles con la misma dignidad de aquellos que se quiere beneficiar".
A su juicio, "quienes ejecutaron actos violentos -incendios, destrucción de la propiedad ajena, amenazas- violaron ese principio básico de la vida democrática. Y salvo que se piense que en Chile no hay democracia -algo que es de suponer los senadores no sostendrán, porque si así fuera ellos serían impostores-, este argumento debe ser desechado".
Al contrario, el senador Latorre -uno de sus impulsores- y el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, rebatieron hoy en una carta a El Mercurio las palabras de Peña, afirmando que "lo que se busca con esta medida se debe entender dentro del proceso de justicia transicional que requiere nuestro país".
Con ello, defienden que "se puede iniciar un proceso que atienda a soluciones duraderas y estructurales, fomentando un reencuentro sincero, en un tiempo de postconflicto, donde quede totalmente demostrado la existencia de un Poder Judicial con voluntad y capacidad de establecer límites a la persecución política a opositores de un gobierno determinado".
Finalmente, recalcan que "una ley de indulto general es una medida coherente con el proceso de cambio constitucional que busca generar nuevas bases para la convivencia cívica y política, basada en el reconocimiento de la dignidad de las personas, la admisión de las violaciones de derechos y el objetivo de impedir que se repitan".
