El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, protagonizó este miércoles una nueva cuenta pública del organismo, en la cual detalló los principales hechos que marcaron su labor durante el año pasado, advirtiendo sobre el aumento de los homicidios registrados a nivel nacional y subrayando su preocupación por los hechos de violencia en la macrozona sur.
En la ceremonia, realizada de forma telemática y que se extendió por casi una hora, la autoridad señaló que en el último año hubo 895 asesinatos en el país "lo que involucró un aumento de un 20% respecto del año 2019. Y en el 45% de esos homicidios se usaron armas de fuego, de acuerdo a las estadísticas de la PDI".
En esa línea, indicó que "
Chile se está enfrentando a una violencia cada vez más cruda y agresiva, que crea inseguridad, provocando un impacto profundo en las víctimas y conmociona a toda la población", por lo que destacó la creación de una Mesa de Violencia Urbana para abordar esta problemática.
Asimismo, Abbott abordó la preocupación que tiene la institución por la violencia en la macrozona sur, comentando que "la violencia rural es un conflicto político, cuya solución excede las facultades del Ministerio Público. Se trata de hechos de especial gravedad, en los que hemos asumido investigaciones penales altamente complejas".
"Estamos conscientes de que detrás de estos actos de violencia rural hay un creciente catálogo de hechos criminales anexos, como el aumento en las usurpaciones, la sustracción de madera, y el tráfico de drogas y de armas, los que deben ser investigados como un fenómeno común", manifestó.
Por ello, remarcó que "es necesario modernizar la legislación para enfrentar más eficazmente los ilícitos asociados a la violencia rural. Si queremos llegar a resultados más contundentes, es necesario actuar de manera muy coordinada, afinando el marco legal y otorgando herramientas eficaces a los fiscales y a las policías".
"Chile se está enfrentando a una violencia cada vez más cruda y agresiva que conmociona a toda la población".
Jorge Abbott, Fiscal Nacional
"Me refiero particularmente a los proyectos en tramitación en el Congreso sobre usurpación, sustracción de madera, y asociación ilícita.
Esperamos que pronto puedan convertirse en ley, ya que proveerán de herramientas que facilitarán la respuesta que necesitan las víctimas", enfatizó.
En otro aspecto, también tuvo palabras para valorar la primera condena efectiva por corrupción en contra del ex senador Jaime Orpis en el marco del caso Corpesca, el cual a su juicio "constituye un hito en la persecución de este tipo de delitos, por plasmarse el principio fundamental de que nadie está por sobre la ley".
Sin embargo, lamentó que la atención que han puesto sobre ese tipo de ilícitos "no se condice aún con el número de denuncias que recibimos. Durante el año 2020, ingresaron solo 3.543 casos de corrupción. Por otro lado, la tendencia en el número de denuncias se redujo respecto de años anteriores".
Por ello, cuestionó que "no contamos con las herramientas o la titularidad para iniciar la acción persecutoria", recalcando la necesidad de contar con una ley de protección de los denunciantes. "Requerimos que los órganos colegisladores lleven adelante impulsos decisivos para enfrenar las falencias en la persecución de este tipo de delitos", dijo.
Preocupación por la nueva Constitución
Al cierre de su presentación, el Fiscal Nacional se refirió a las preocupaciones del Ministerio Público ante la creación de una nueva Constitución, sobre todo sobre la posibilidad de que se discutan "mecanismos de control o de limitación de la acción persecutoria de los fiscales, en el seno de esa convención".
"A nuestro juicio, la autonomía para investigar y ejercer la acción penal es un elemento de la esencia de nuestra institución. De no tenerla, se amenaza la garantía de que todas las personas podrán ser interpelados por el sistema de justicia, sin temor de que éstas puedan ejercer influencias indebidas", advirtió.
Asimismo, dijo que "al calor de la discusión constitucional, creemos que es hora de hablar sinceramente sobre
extender la titularidad de la acción penal en ámbitos que hoy nos son vedados. Me refiero a las investigaciones por delitos electorales; delitos tributarios, aduaneros y a los que atentan contra la libre competencia".
Finalmente, reconoció que "en innumerables ocasiones, la labor de los fiscales es objeto de críticas, dudas, legítimas objeciones o desacuerdos. No pretendemos contar con una aprobación popular respecto de nuestra labor persecutoria, o de nuestros criterios de actuación, ni de las decisiones adoptadas en el marco de una investigación en curso".
"Lo que demandamos es respeto por las facultades que la ley nos otorga; junto a una decidida acción de colaboración interinstitucional y multidisciplinaria, que permita, primero, entender mejor el fenómeno delictual y, segundo, mejorar la respuesta de todo el sistema de persecución y administración de justicia", concluyó.
