"Desde el Gobierno nos vemos en la obligación de hacer reserva de constitucionalidad". Esa ha sido una de las frases que se ha repetido varias veces en el Congreso de parte del ministro de la
Segpres, Juan José Ossa o el subsecretario de la cartera, Máximo Pavez.A juicio del Ejecutivo los parlamentarios han presentado al menos cuatro proyectos que son de facultad exclusiva del
Presidente de la República y pese a ello continúan su tramitación. Ante esto la advertencia es de recurrir al
Tribunal Constitucional.
Aunque ahora, tras la derrota que vivió La Moneda en el organismo con la resolución respecto al
tercer retiro del 10% de los fondos de ahorro previsionales, desde el Parlamento existe más esperanza de que las mociones puedan llegar a fin, ya sea imponiéndose el Poder Legislativo o que el Gobierno busque acuerdos considerando el precedente del TC.
Una de las últimas iniciativas que ingresó a la Cámara de Diputados es el del
cuarto retiro del 10%. Éste fue ingresado a trámite a solo horas de la promulgación del tercer giro y de él solo se dio cuenta en la sesión de Sala, no se ha determinado su camino por el Congreso.
El texto es de autoría de los diputados Pamela Jiles (PH), Marisela Santibáñez (PC), Patricia Rubio (PPD), Jenny Álvarez (PS), y los diputados Gabriel Silber (DC), Félix González (PEV) y Alexis Sepúlveda (PR) y considerando el precedente, se espera que desde el Gobierno se haga el reclamo de constitucionalidad respectivo.
Otro que sí está bastante avanzado -terminó ayer su tramitación en comisión de Constitución y pasa a Sala para votarse en particular- y no tiene intención de detenerse en su tramitación del proyecto impulsado por la diputada Camila Vallejo (PC) junto a otros legisladores de oposición que busca generar un impuesto por una única vez para los más altos patrimonios, también denominados "súper ricos". A esta iniciativa legisladores de Chile Vamos le hicieron indicaciones, buscando generar otro mecanismo de recaudación, pero dentro del mismo texto.
En este caso, por tratarse de generación de nuevos impuestos, desde La Moneda ya le hicieron reserva de constitucionalidad, aunque se han abierto a la posibilidad de un diálogo y trabajar en un mecanismo para aumentar las arcas fiscales.
Otra iniciativa que ha mantenido la tensión entre Gobierno y Parlamento es el proyecto que establece una compensación, a favor del Estado, por la explotación de cobre y litio, denominado de "royalty minero".
Esta moción de diputados de oposición fue aprobada por la comisión de Minería y el próximo lunes 3 de mayo será votado por la comisión de Hacienda de la Cámara.
En este caso fueron los ministros de Hacienda, Rodrigo Cerda y de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet los que plantearon la inconstitucionalidad de la moción. Mientras que el subsecretario Pavez ratificó la reserva de constitucionalidad ante los diputados.
Por otro lado, el proyecto que busca anular la Ley de Pesca -también conocida como "Ley Longueira"- fue aproada en general por la Sala de la Cámara en noviembre del año pasado y ahí también el Gobierno anunció la reserva de constitucionalidad.
"El legislador no tiene ningún tipo de poder anulador de leyes y pretender cuestionar esto atenta contra la ley, pero también contra la estabilidad y certeza jurídica que amparan el Estado de Derecho", dijo el ministro Ossa.
Al mismo tiempo, este el listado también se completa con el proyecto que extiende el postnatal de emergencia. El texto fue considerado inadmisible por la mesa de la Cámara -al considerarlo inconstitucional- pero al ser votado, se impuso la mayoría y pudo avanzar en su trámite. Fue revisado por la comisión de Mujer y deberá pasar a la Sala durante la próxima semana.
Las diputadas impulsoras, entre las que se cuentan las del Frente Amplio Maite Orsini (RD) y Gael Yeomans (CS) entre otras, han buscando alcanzar un acuerdo con el Gobierno para que lo patrocinen, pero hasta ahora eso no se ha concretado.
