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Reunión de constituyentes, acuerdo del 15-N y mínimos comunes: Los diálogos de los que el PC se ha restado

La bancada comunista también decidió no asistir a la última Cuenta Pública del Presidente Piñera. La decisión de no participar ha sido criticada desde distintas fuerzas del espectro político y ahora académico.

04 de Junio de 2021 | 12:16 | Redactado por C. Ferrer, Emol
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El Mercurio (referencial)
"Valoramos que en este último tiempo 'hablar de Chile' no sea una odisea en las universidades, como sí lo fue durante todo el periodo anterior a la revuelta. ¿Cómo comenzó ese proceso? Bueno, como todos los grandes cambios colectivos, fue desde las bases y, en ese camino, nosotros, las y los comunistas, fuimos parte activa del debate y demanda nacional para la educación pública y gratuita, del proceso de democratización de las universidades".

Fueron parte de los argumentos esgrimidos por el Partido Comunista (PC) para restarse del encuentro al que los rectores de las universidades de Chile y Católica invitaron a los 155 constituyentes, con el objetivo de presentar los resultados del proceso de diálogos y consulta ciudadano llamado Tenemos que Hablar de Chile (TQHDC), que llegó en todas sus actividades a más de 100 mil habitantes.

"Agradecemos la invitación, tenemos que hablar de Chile, pero a nuestro entender es necesaria esta instancia una vez constituida la Convención Constitucional y que sea esta, en forma abierta y democrática, la que haga posible mediante distintos mecanismos el debate y el diálogo para hablar de Chile con ustedes y con todo un pueblo esperanzado en un mañana posible y digno", dijeron los siete representantes electos del partido a través de una carta. Hugo Gutiérrez dijo después a La Tercera PM que percibían la invitación como una forma de "pautear" a los elegidos.

Sin el PC, el encuentro comenzó a las 9:00 AM del jueves y congregó a más de 100 convencionales, quienes escucharon los hallazgos del proyecto, hicieron sus preguntas a los encargados y aprovecharon de entregar las que consideraron sus primeras definiciones de cara al proceso constituyente. Una de ellas: el diálogo que debe existir entre los representantes y también con la ciudadanía. "No podemos olvidar que esa gente que está detrás está esperando participar y quiere un espacio", dijo la integrante de la Lista del Pueblo, Loreto Vallejos.

Fue, quizás, uno de los consensos iniciales del encuentro. "Para la creación de una nueva Constitución, el desafío mayor y el mayor problema lo tenemos nosotros mismos en base a nuestras creencias y preconcepciones: tenemos un paradigma como cultura, como profesionales y como personas", dijo el independiente con cupo PS Carlos Calvo. "Eso nos hace ver cierto aspecto de la realidad y desconocer el otro. Para poder dialogar, tenemos que avanzar sin ninguna duda en esa limpieza de nuestras preconcepciones, y eso es enormemente complejo y muy difícil".

Pero en ese diálogo —así como en otros que le han antecedido— el PC no estuvo, algo que uno de los organizadores de la cita lamentó, pero dijo "respetar". "Si no podemos conversar en nuestro país, si no podemos entregar argumentos, estamos perdiendo uno de los elementos claves de un diálogo democrático", dijo el rector de la UC, Ignacio Sánchez, a radio Universo. "Es una exposición de ideas, es la entrega de estas ideas para que los demás las ponderen en su mérito. Está muy cercano al diálogo transversal, muy directo, que tiene que reinar en nuestro país y particularmente en la convención".

El acuerdo de noviembre


Se habían vivido largas horas de negociaciones cuando ese 15 de noviembre de 2019 finalmente se comunicó una noticia: una reforma constitucional abriría el camino para que la ciudadanía chilena decidiera si quería o no una nueva Carta Magna y la forma de escribirla: si exclusivamente entre ciudadanos electos para ello o si también con participación de parlamentarios. Las caras de los políticos esa madrugada eran muestra de que el acuerdo llegó de forma dificultosa, pero todos estaban ahí para comunicarlo, desde Gabriel Boric (CS) a Jacqueline Van Rysselberghe (UDI).

En las horas previas a que se generara esa postal, el PC ya había comunicado que no concurriría al acuerdo. "No fuimos convocados ni informados sobre el actual acuerdo", anunciaron por redes sociales. "Valoramos que la voluntad popular sea escuchada: plebiscito con opción de asamblea constituyente" y "quórum de 1/3 puede vetar a 2/3, por lo que vulnera la democracia", añadieron también. "La lucha social ha corrido el cerco de lo posible, las organizaciones sociales deben ser parte".

"Tenemos razones para no firmar, pero eso no significa no participar. Nosotros vamos a participar de todo el proceso", añadió después el alcalde de Recoleta y hoy candidato presidencial del partido, Daniel Jadue. El hecho de que el PC no haya puesto su firma en el acuerdo es uno que a la fecha sigue generando polémica. Así lo hizo cuando, a fines de mayo, Jadue dijo que "el acuerdo del 15 de noviembre fue porque los alcaldes y alcaldesas de Chile convocamos anticipadamente a una consulta nacional", ocasión en la que pidió "a todo el sistema político" que "nadie se atreva a apropiarse de este proceso".

"Mientras avanzábamos en un acuerdo para tener un plebiscito, había otros que no participaban, nos criticaban y decían que no era válido. Pero por el bien del país hay que dialogar", contestó el ahora convencional PPD Felipe Harboe. "Lo único claro es que, en los dos más importantes acuerdos de la historia política de Chile el PC se autoexcluyó: el acuerdo por el No y la Nueva Constitución", añadió Jorge Sabag (DC).

"Es importante reconocer errores", le señaló Boric a Jadue ante la diferencia. El mismo candidato presidencial de CS enfrentó cuestionamientos de su sector político esa noche, pues firmó a nombre personal y sin un consenso claro del partido con respecto al acuerdo. "Me la jugué por tener una canalización institucional de la crisis social que estábamos viviendo", dijo a radio Duna. "En esa oportunidad, Daniel tuvo una posición distinta, más bien crítica del acuerdo que fue un momento muy difícil".

Con todas las cartas jugadas, el acuerdo terminó por convertirse en un amplio respaldo de la ciudadanía a la opción de cambiar la Constitución mediante una convención electa democráticamente para ese fin, con paridad de género y representación de pueblos originarios. En el balance, ninguna fuerza llegó a obtener los escaños suficientes para alcanzar el tercio que podía implicar un poder de veto: ni la derecha, ni la izquierda, ni los independientes.

Ni "mínimos comunes" ni Cuenta Pública


A comienzos de mayo, en medio de las tensiones políticas entre oficialismo y oposición por los retiros de la AFP y las ayudas sociales entregadas en el contexto de la pandemia, la presidenta del Senado Yasna Provoste (DC) convocó a una reunión para lograr un acuerdo entre el Gobierno y las fuerzas opositoras. De la instancia se restaron el Frente Amplio y el PC. "Nunca las temáticas de Derechos Humanos deben estar supeditadas a mínimos comunes", dijeron desde el partido en una carta.

"En un Estado de Derecho, es imperativa su defensa y en esto el Gobierno está al debe", agregaron, señalando que se trata de "un tema prioritario para nuestra bancada" y su "nuestro compromiso está con ellos". "A poco más de una semana de las elecciones, no es el momento político para realizar esta discusión sin que haya existido en la instancia un debate más profundo de estos temas. El interés general no puede quedar supeditado a una agenda limitada e insuficiente de mínimos comunes", cerraron. Sin embargo, no descartaron una reunión "en la posteridad".

Fue el mismo argumento que sostuvo la decisión del partido de restarse de la Cuenta Pública el pasado 1 de junio, cuando el Presidente Sebastián Piñera se dirigió al país para hacer la revisión de su último año de Gobierno. Al Congreso Nacional no llegó ningún representante de la bancada del PC. "No existe una sintonía de este Gobierno con nuestro pueblo", dijeron por redes sociales.

"Exigimos libertad a los presos políticos de la revuelta y urgencia al proyecto de ley de indulto general, cese a los montajes y a la violencia en La Araucanía y el fin a la impunidad a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos. Hemos puesto sobre la mesa medidas concretas para enfrentar la crisis: impuesto a los súper ricos y royalty minero, pero el Gobierno con su tosudez no ha querido escuchar. No esperamos nada de esta Cuenta Pública. El pueblo merece que el Presidente sí dé cuenta de sus actos ante la justicia", señalaron.
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